|
La
Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE), aunque su nombre
oficial es Secretaria de Inteligencia (SI) depende
de la Presidencia de la Nación, es el organismo superior del Sistema de
Inteligencia Nacional y tiene como misión general la dirección del
mismo.
Sus orígenes se
remontan a 1946, cuando se crea Coordinación de Informaciones
de Estado (CIDE), en 2005 cambio su denominación,
como ya se ha mencionado a Secretaria de Inteligencia.
Organización
Esta es la estructura básica de la
Secretaria de Inteligencia
A estos departamentos hay que sumar, los
de Dirección, Administración y Personal, y la Escuela Nacional de
Inteligencia (ENI)
Personal y Medios
La Secretaria de Inteligencia (SIDE),
tiene su sede central en Buenos Aires, bases en todas las provincias
argentinas, y otros servicios dispersos, en relación a su despliegue
internacional, se cree que abarca unos 24 países.
,
Sede de la SIDE (Buenos Aires)
Respecto a su personal se cree que esta
entre 2500 y 3000 personas, de las cuales, la mayor parte, un 80%,
trabajan dentro de la Subsecretaria de Interior.
Su funciones son:
1.
Formular el Plan de Inteligencia Nacional.
2.
Diseñar y ejecutar los programas y presupuestos de inteligencia
inscritos en el Plan de Inteligencia Nacional.
3.
Planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de la
información para la producción de la Inteligencia Nacional y de la
Contrainteligencia.
4.
Dirigir y articular las actividades y el funcionamiento del Sistema de
Inteligencia Nacional, así como también las relaciones con los
organismos de inteligencia de otros Estados.
5.
Coordinar las actividades de Seguridad Interior y Defensa Nacional con
los funcionarios designados por los ministros de las áreas respectivas,
cuyo rango no podrá ser inferior al de Subsecretario de Estado.
6.
Requerir a todos los órganos de la Administración Pública Nacional la
información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
7.
Requerir la cooperación de los gobiernos provinciales cuando ello fuere
necesario para el desarrollo de sus actividades.
8.
Coordinar la confección de la Apreciación de Inteligencia Estratégica
Nacional y del consecuente plan de reunión de información.
9.
Elaborar el informe anual de actividades de inteligencia a los efectos
de su presentación ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación. A
tales efectos, los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional le
deberán brindar toda la información correspondiente.
10.
Entender en la formación, capacitación, adiestramiento y actualización
del personal perteneciente a la Secretaría de Inteligencia y participar
en la capacitación superior del personal de inteligencia, a través de la
Escuela Nacional de Inteligencia.
11.
Proporcionar al Ministerio de Defensa la información e inteligencia que
fuere menester para contribuir en la producción de la Inteligencia
Estratégica Militar.
12.
Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, de carácter
públicas o privadas que sirvan para el cumplimiento de sus funciones.
La SIDE dispone de una
subsecretaria de inteligencia de apoyo, y de la dirección de
observaciones judiciales (DOJ) es la encargada de realizar y ejecutar aquellas
actividades que precisan autorización judicial, también en ella se
encuentra la escuela nacional de inteligencia.
La
Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), es el instituto nacional de
mayor nivel de capacitación, desarrolla cursos de formación general en
Inteligencia para funcionarios de los tres poderes, tanto de la Nación
como de las provincias. en 2001 se hicieron 54 cursos para personal ajeno
a la Secretaría, con una concurrencia de 2000 personas; 152
conferencias, con una concurrencia de 10.000 personas; y 21 simposios
con una concurrencia de 1500 personas.
En 1998
el Secretario de Inteligencia de Estado aprobó un nuevo plan de
capacitación, donde se separa la capacitación básica de la capacitación
avanzada; la capacitación básica es la que tradicionalmente conoce el
agente de Inteligencia cuando ingresa al organismo, mientras la avanzada
se desarrolla en cursillos de capacitación específica.
Inteligencia Militar
Los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas
tienen a su cargo la producción de la inteligencia estratégica
operacional y la inteligencia táctica necesarias para el planeamiento y
conducción de operaciones militares y de la inteligencia técnica
específica.
Colaboración:
|
 |
Autor: Dr. Ramiro Anzit Guerrero:
Especialista en Contraterrorismo y Seguridad. Abogado (USAL),
Magíster en Estudios Estratégicos (INUN). Doctor en Derecho
Penal y Ciencias Penales (USAL). Autor de los libros:
‘Terrorismo, Análisis de un Condicionante Critico’; Manual de
Inteligencia y Seguridad Urbana; Triple Frontera ¿Terrorismo o
Criminalidad? y Temas de Seguridad Internacional:
Sistema de Inteligencia
Argentino... ¿Ficción o Realidad? |
SISTEMA DE INTELIGENCIA ARGENTINO… ¿FICCION O
REALIDAD?
Por el Dr. Ramiro Anzit Guerrero
Marco legal de la actividad de Inteligencia en la
Argentina La ley 25.520 (Ley de Inteligencia Nacional) es la que
establece la estructura del Sistema de Inteligencia argentino, que
estaría constituido por la sumatoria de todos los organismos del Estado
que están coordinados por la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE) para
la seguridad tanto exterior como interior de la Argentina. A su vez la
ley describe las diferentes dependencias de Inteligencia y
Contrainteligencia y sus funciones específicas. Integran este Sistema la
Secretaría de Inteligencia; la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. La
Secretaría de Inteligencia depende de la Presidencia de la Nación, y es
el principal organismo de Inteligencia que dirige a todo el Sistema de
Inteligencia argentino, a la vez que es la encargada de la producción de
la Inteligencia Nacional y Contrainteligencia. La Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal, con dependencia de la Secretaría de Seguridad
Interior, tiene como función la producción de Inteligencia Criminal. Por
su parte, y de acuerdo al art. 15 de la ley 23.554, la Dirección
Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, bajo la orbita del
Ministro de Defensa, tiene como principal actividad la obtención de
Inteligencia Estratégica Militar que recaban las fuerzas Armadas
(Ejercito, Marina y Fuerza Aérea). Según la letra de la ley 25.520, por
Inteligencia se entiende “La actividad consistente en la obtención,
reunión, sistematización y análisis de la información específica
referida a las amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad
exterior e interior de la Nación”. Mientras que la Contrainteligencia es
“La parte de la Inteligencia referida a la actividad que se realiza con
el propósito de conjurar operaciones de espionaje, sabotaje y/o
actividades psicológicas secretas llevadas a cabo por actores que
representen amenazas o riesgos para la seguridad de la Nación”. Por
Inteligencia Criminal entiende “La parte de la Inteligencia referida a
las actividades criminales específicas que, por su naturaleza, magnitud,
consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la
libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías, las instituciones del sistema representativo, republicano y
federal que establece la Constitución Nacional”. La Inteligencia Militar
es “La parte de la Inteligencia referida al conocimiento de las
capacidades y debilidades del potencial militar de los países que
interesen desde el punto de vista de la defensa nacional. Así como el
ambiente geográfico de las áreas estratégicas operacionales determinadas
por el planeamiento estratégico militar”. Según la normativa, ninguno de
los organismos de inteligencia argentinos pueden realzar tareas
represivas ni acciones de tipo policial, aunque la ley plantea la
ambigüedad de que pueden ser convocados judicialmente para tales
actividades en cuestiones que ingresen en el marco de su ‘competencia’.
Tampoco pueden discriminar en sus informes o información almacenada
según grupos étnicos, raciales o religiosos, o datos sobre la vida
privada de las personas, los partidos políticos, ONGs o actividades
licitas que efectúan los ciudadanos. También no pueden influir a través
de ningún medio en los ámbitos militares, fuerzas de seguridad, o en las
áreas sociales, económicas, relaciones internacionales, opinión pública
o en los medios de comunicación. A su vez no pueden los miembros de
estas dependencias revelar información de inteligencia sobre los
ciudadanos y las diferentes organizaciones que desarrollan actividades
en el país. De la misma forma se les prohíbe la intervención telefónica,
postal o de cualquier medio de transmisión de datos, salvo que estén
autorizados por la autoridad judicial correspondiente.
La Inteligencia argentina en los últimos años. Hasta
aquí, en el plano teórico, podemos considerar que la Republica
Argentina, tiene un Sistema de Inteligencia que esta avocado a la
seguridad de la población, dentro del marco del respeto a los derechos
fundamentales y dirigidos a las posibles amenazas exteriores. Pero
podemos preguntarnos si en los hechos ¿siguen los servicios de
inteligencia de la Argentina estos lineamientos o son un brazo poderoso
y oculto del gobierno de turno o de facciones políticas infiltradas en
dichos organismos, para perseguir a los opositores a la vez que son
utilizados como ‘caja negra’ para el manejo de fondos reservados de uso
discrecional en acciones sospechosas? En los últimos años los ‘espías’
argentinos han sido criticados desde varios sectores, por acciones que
llevaron a cabo yendo en contra de las funciones y atribuciones que
tenían por ley sus respectivos organismos de Inteligencia. A
continuación vamos a efectuar una breve descripción de los hechos más
significativos de los últimos años. Con respecto a la causa AMIA son
muchas las sospechas y acusaciones hacia los organismos de Inteligencia
de la Argentina. Como consecuencia de la denuncia que efectuó Claudio
Lifchitz, antiguo prosecretario del juez Galeano, en el año 2000 en
relación a la supuesta trama que se tejía para darle una solución
judicial ficticia al atentado terrorista, donde murieron 85 personas, se
comenzó a investigar el pago ilegal de 400.000 dólares que hizo la SIDE
a Carlos Telleldín, uno de los principales imputados en la causa, para
desviar las pistas hacia miembros de la Policía Bonaerense, por medio de
un expediente paralelo al de la AMIA, llamado Brigadas. Este
descubrimiento llevo a que el actual tribunal oral que lleva la causa,
deje sin efecto todo lo realizado por Galeano.
La ultima intervención de la actual Secretaria de
Inteligencia sobre la AMIA, en el año 2005, fue la afirmación de que
habían detectado a quien fuera el terrorista suicida que se había
inmolado contra la sede de las Mutuales Israelitas Argentinas. Dijeron
que Ibrahim Hussein Berro, de nacionalidad libanesa, había sido el
conductor de la camioneta Trafic que se estrelló contra el edificio.
Este supuesto éxito de inteligencia, cayó por la borda cuando el hermano
de Ibrahim, Abbas Hussein Berro, informó que su hermano murió en el sur
del Líbano y que era falsa la acusación de su participación en el
atentado en la ciudad de Buenos Aires, en el año 1994.
Abbas dijo que por pedido de personal de inteligencia
argentino, les había dado una foto de su hermano y que luego estos
inventaron toda la historia, inclusive exhibiendo otra foto que no era
de su hermano. Luego de esto la Secretaria de inteligencia se llamó a
silencio con respecto al tema del terrorista suicida.
En el año 1999 la SIDE realizó un informe en el cual
advertía que sus agentes encubiertos en la Triple Frontera, habían
detectado y filmado la presencia de miembros de Al Qaeda, tanto de la
facción sunnita como shiíta, que estaban trabajando en conjunto. Esta
información fue descartada por fuentes norteIberoaméricanas e israelíes,
debido a que no es parte del modus operandis de estas organizaciones, la
colaboración entre las dos facciones más enfrentadas dentro del seno del
Islam. Por el contrario se puede observar la guerra cruenta inclusive
por medio de atentados en países como Irak, Pakistán y la India entre
estos dos grupos antagónicos. Para estas operaciones dijeron haber
utilizado cámaras ocultas puestas cerca de las mezquitas e intervenido
los teléfonos de comerciantes árabes y musulmanes, con la ayuda de
Gendarmería y Policía Federal, para lo cual tuvieron que hacer un
listado de todos los musulmanes que simpatizaban con la causa de la
Guerra Santa. Según el informe, Bin Laden había instalado una base de
operaciones en la región, donde captaba fondos, daba entrenamiento
militar y permitía la recepción de terroristas prófugos de la justicia
internacional. Todo esto, según los agentes de la SIDE, era posible
gracias al apoyo de la población local, principalmente de los que vivían
en Ciudad del Este (Paraguay) y Foz do Iguazú (Brasil). Este hallazgo
insólito y solo detectado por la inteligencia criolla, se dio en el
marco de la creación de la Dirección de Terrorismo Internacional dentro
de la SIDE, dirigida en ese momento por el menemista Hugo Anzorregui,
iniciativa que surgía de la denominada Sala Patria en disputa por poder
en ese momento con la sección de Contrainteligencia o Sala Estados
Unidos, en alusión al nombre de la calle donde se encontraba la sede del
organismo. El resultado final ante la falta de pruebas de la presencia
del ‘eje del mal’ en la Argentina, fue la declaración de la Secretaria
de inteligencia diciendo que los miembros de las organizaciones
terroristas en Triple Frontera, habían huido a Medio Oriente debido a la
cantidad de efectivos de inteligencia de varias países que habían
llegado al lugar ante la denuncia de peligro inminente que emanaba del
informe de la SIDE. A pesar del escándalo argentino dentro de las
agencias del espionaje mundial, el juez Galeano, actualmente cuestionado
por el manejo de la causa AMIA, ordenó en ese momento por escrito que se
sigan las tareas de inteligencia en la zona, teniendo como base la
hipótesis del informe secreto de la SIDE. En el gobierno del presidente
de la Rua, el mayor escándalo de la SIDE fue el pago de sobornos a los
senadores, con el fin de lograr la aprobación de la cuestionada Ley de
Flexibilidad Laboral. En ese momento el empresario Fernando de
Santibáñez era el secretario de la SIDE. En enero del 2000, Santibáñez
le pidió al entonces presidente de la Rua que le diera excepcionalmente
a la secretaria de Inteligencia, 50 millones de dólares. El resultado
final fue que el Senado votó la media sanción de la ley, que necesitaba
con urgencia el gobierno de la Alianza. La SIGEN (Sindicatura General de
la Nación) que auditaba a los organismos del Estado, incluida la SIDE,
determinó que en ese año la Secretaria de Inteligencia había gastado 200
millones de dólares sin poder especificar su destino, incluidos los 50
millones de dólares que el gobierno le dio de forma irregular.
Finalmente, se determino que 6,5 millones de dólares fueron para pagar
las coimas del Senado. La operatividad habría sido hecha por medio del
‘arrepentido’ Mario Pentaquarto, en ese momento secretario
parlamentario, cuando el 18 de abril del 2000 retiró de la sede de la
Secretaria de Inteligencia, el dinero que luego fue repartido entre los
senadores corruptos. Una de las consecuencias del escándalo del Senado
habría sido la renuncia de ‘Chacho’ Álvarez como vicepresidente del
gobierno aliancista. También en el 2000, la inteligencia nacional se vio
cuestionada ante la denuncia de Aníbal Ibarra de tener su oficina llena
de micrófonos, al asumir el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. En los últimos tiempos, vulnerando el derecho a la
privacidad de los argentinos, el gobierno ‘K’ intenta que las
conversaciones telefónicas y los e-mails de todos los ciudadanos, puedan
ser guardadas por la actual Secretaria de Inteligencia, por un periodo
de hasta 10 años para prever posibles acciones delictivas que aun no se
hayan efectuado, en una especie de analogía con la película futurista
Minority Report, interpretada por Tom Cruise, en la cual el Estado ‘Gran
Hermano’ detenía a los supuestos delincuentes antes de cometer los
hechos ilícitos, a pesar de que la realidad era que el sistema se
constituía en una forma encubierta de persecución de los opositores.
Cabe destacar que en el país mas afectado por los
cambios jurídicos en relación al tema Seguridad después de los atentados
del 11-S, Estados Unidos de Iberoamérica, las nuevas leyes solo permiten el
almacenamiento de la información privada de los ciudadanos por un máximo
de un año, o sea diez veces menos tiempo que lo que pretende el actual
gobierno argentino. Es así como la Cámara en lo Contencioso
Administrativo determinó la inconstitucionalidad de la ley 25.873
(llamada Ley Espía) que había sido sancionada sin debate parlamentario a
fines del 2003 y también del decreto 1563. Esta decisión,
posteriormente, fue ratificada por la Cámara Nacional de Apelaciones
Contencioso Administrativo Federal. El fallo judicial se dio después de
que se realizaran dos denuncias sobre intervenciones telefónicas en seis
dependencias publicas, lo que motivo una investigación judicial de parte
del Consejo de la Magistratura y la Legislatura porteña. La discusión
pública que despertó estas medidas impulsadas por Kirchner, obligo al
presidente a no aplicar, por el momento, la ley espía aunque la misma
sigue en vigencia y podrá ser activada cuando el gobierno tome la
decisión de hacerlo.
CONCLUSIONES La actual Inteligencia argentina se
preocupa más de las cuestiones de política interna nacional y de las
actividades de los conciudadanos, que de resguardar al país de las
amenazas reales como son el terrorismo, el narcotráfico y el crimen
organizado. Realizan actividades que van contra la normativa que los
rige, vulnerando así los principios constitucionales y el sistema
republicano de gobierno. En sus informes y dependencias clasifican a los
‘sospechosos’ por su etnia, religión o tendencia política como en el
caso de los musulmanes y árabes que viven en la Triple Frontera. Suelen
sembrar pistas falsas y desviar la línea de investigación en causas, tan
trascendentes como la del atentado de la AMIA, a la vez que han
manipulado y pagado sobornos para encubrir sus acciones ilícitas. La
actividad de guerra psicológica en los medios de comunicación para
desviar la opinión publica, ha quedado demostrado en casos como el del
supuesto terrorista suicida. Han sido la caja negra de los gobiernos de
turno, por medio de los denominados fondos reservados, que han sido
utilizados en detrimento de los argentinos y a favor de ciertos grupos
económicos, como en el caso del pago de sobornos en el Senado. Por la
falta de seriedad, eficiencia y discreción al revelar las fuentes han
perdido el respeto y la confianza de los demás servicios de inteligencia
de la comunidad internacional, a la vez que están desprestigiados y mal
vistos por la sociedad argentina, a diferencia de otros países en el
cual sus agentes secretos son altamente respetados (EE.UU., Rusia, Gran
Bretaña, Francia, México, Chile, etc.). Los gobiernos de turno los
utilizan como cobertura y brazo armado para sus persecuciones políticas,
como se esta viendo actualmente con la ley Espía que dejaría a todos los
habitantes de la Nación bajo un manto de sospecha. Sin duda hasta que en
la Argentina no haya una reformulación del personal que actualmente
integra los organismos de Inteligencia, incorporados en los diferentes
puestos por acomodo partidario en vez de experiencia y capacidad
técnica, y se profesionalice la carrera de agente y analista de
inteligencia, seguiremos con la ficción de tener un Sistema de
Inteligencia Nacional. Para concluir, podemos decir que en estos
momentos los espías argentinos no son profesionales ni confiables como
fuente seria de inteligencia, y son utilizados como la GESTAPO del poder
de turno para neutralizar a los oponentes, por medio de aprietes sobre
temas personales escabrosos, y obtener más poder económico y político,
en vez de velar por la integridad del territorio nacional y la paz
social y la seguridad de todos los argentinos.
| ©
Del
Articulo:
Ramiro Anzit
Guerrero |
|
