Inteligencia, Espionaje y Servicios Secretos

Balza cesa al jefe de la unidad antiterrorista de la Ertzaintza para atajar la crisis interna

Más de cincuenta miembros de la brigada contra ETA han dejado sus puestos en los últimos meses Interior no ha nombrado todavía un sustituto para el cargo depuesto, que fue nombrado en 2005

ÓSCAR B. DE OTÁLORA/
BILBAO. DV.

La consejería de Interior del Gobierno Vasco, dirigida por Javier Balza, cesó el pasado viernes al responsable de la lucha antiterrorista de la Ertzaintza, en lo que supone un nuevo episodio de la larga crisis que atraviesa la brigada encargada de combatir a ETA, denominada Unidad de Información y Análisis (UIA). El mando llevaba apenas un año y ocho meses al frente de la sección, un grupo de la Policía vasca que desde hace más de cuatro años no realiza ninguna operación contraETA y que está sometido a continuas polémicas internas.

El cese del agente, cuyo nombre la Ertzaintza nunca ha facilitado por razones de seguridad, se produce precisamente cuando en el escenario político se extienden las peores expectativas sobre la continuidad del terrorismo. Ayer mismo, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, aseguró que ETA «tomó hace meses» la decisión de volver a atentar. Pero además, una cincuentena de agentes dedicados a la lucha antiterrorista ha abandonado en los últimos meses la unidad por las discrepancias con la organización interna que quiere aplicar el Departamento de Interior.

El cargo destituido llegó a su puesto en septiembre de 2005, dentro de un plan de renovación de mandos que Interior justificó de manera pública como un intento de «mejorar la eficacia y la coordinación». De manera previa, Javier Balza había cesado al hasta entonces jefe de la Policía Criminal, Na-txo Ormaetxe.

Este abogado del PNV, vinculado al sector de Joseba Egibar, había dirigido algunas de las últimas operaciones de la Ertzaintza contra ETA y aplicado nuevas tecnologías a la lucha contra la kale borroka. Sin embargo, sus discusiones con el equipo de Balza y el viceconsejero de Interior, Mikel Legarda, eran constantes y, en ocasiones, se desarrollaban en un ambiente de gran tensión.

Con Ormaetxe, según distintas fuentes, se vivieron momentos de crispación en algunas operaciones antiterroristas, de manera especial en la última llevada a cabo por la Ertzaintza (2003), en la que los 'iberados -terroristas a sueldo- del comando Vizcaya huyeron de un dispositivo montado por este cuerpo. En aquella ocasión, la Policía autónoma detuvo a un colaborador del talde al que presentó como «coordinador del grupo», pese a que los activistas de la banda ni siquiera le dejaban ver los documentos internos y los ocultaban cuando él estaba presente. A raíz de los enfrentamientos con sus superiores, el entonces jefe de la UIA dimitió.

Unos meses después del operativo contra el comando Vizcaya, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguró en una conferencia que los mandos políticos de la Ertzaintza «ataban las manos» de los agentes que querían luchar contra el terrorismo. Garzón, que fue secundado en sus declaraciones por el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, manifestó: «Me preocupa el control, por lo menos aparente, que realizan desde arriba de la Ertzaintza sobre la lucha antiterrorista (...) y que en ocasiones implica directrices concretas para no hacer algo».

En ese ambiente, Interior buscó un nuevo responsable para asumir la dirección de la UIA. El ahora cesado procedía de unidades de Seguridad Ciudadana -patrulleros- y Recursos Operativos. No se le consideraba una persona con perfil político y, según las fuentes consultadas, su trayectoria profesional había marcado «de manera positiva» algunos de los departamentos por los que había pasado.

Reivindicaciones

Los mismos medios han señalado que, al poco tiempo de asumir el puesto, ya comenzó a tener dificultades con algunos miembros de la brigada más veteranos así como con sus superiores. Diferentes sectores de la Policía vasca, más críticos con su gestión, han señalado que a raíz de la acumulación de problemas se desentendió de algunas cuestiones internas. En ese tiempo, además, intervino en un movimiento reivindicativo impulsado por comisarios de la Policía vasca para reclamar derechos laborales al Departamento de Interior. A lo largo de su mandato, ha tenido algunos periodos de baja por problemas de salud.

La elección de su sustituto todavía no ha sido anunciada por la consejería, de manera que el puesto sigue vacante. El departamento que dirige Javier Balza, al explicar el relevo de manera oficial dentro de la Ertzaintza, se ha limitado a señalar que se trata de un cambio ordinario.

Pero la crisis de la UIA no alcanza sólo a su cúpula. Según ha podido saber este periódico, una cincuentena de agentes ha rechazado continuar en la unidad antiterrorista -compuesta por más de dos centenares de funcionarios- por las discrepancias con la forma en que se organiza el servicio. Diversas fuentes afirman que la consejería de Interior exigió a los ertzainas «un compromiso» personal para continuar en la UIA: entre las condiciones figuraba que debían renunciar a sus plazas en propiedad, algunas de ellas en otras unidades. De esta forma, según denuncias sindicales, los agentes podrían ser expulsados en cualquier momento sin tener derecho a elegir un puesto de destino.

La mayoría de los funcionarios que han optado por dejar las tareas antiterroristas son jóvenes con menos de cinco años en la brigada. En algunos casos, procedían de otras secciones de investigación, como las dedicadas a perseguir el delito común, y habían acudido a la UIA ante la perspectiva de conseguir una mejora profesional. Para sustituir a estos ertzainas, Interior ha comenzado a reclutar a miembros de otras brigadas y a formarles en materias relacionadas con la lucha contra ETA.

Unos meses después del operativo contra el comando Vizcaya, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón aseguró en una conferencia que los mandos políticos de la Ertzaintza «ataban las manos» de los agentes que querían luchar contra el terrorismo. Garzón, que fue secundado en sus declaraciones por el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, manifestó: «Me preocupa el control, por lo menos aparente, que realizan desde arriba de la Ertzaintza sobre la lucha antiterrorista (...) y que en ocasiones implica directrices concretas para no hacer algo».

Por otra parte, el cese de uno de los jefes del grupo antiterrorista de la Ertzaintza, la UIA (Unidad de Información y Análisis), que se ha producido en días pasados está relacionado con discrepancias de criterio dentro de dicho departamento a la hora de tramitar las denuncias interpuestas por el chantaje etarra conocido como «impuesto revolucionario», según han explicado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas.
El cese, que se ha formalizado cuando el agente estaba de vacaciones, se ha producido tras las personaciones que realizaron ante la Ertzaintza empresarios que habían recibido cartas de ETA exigiéndoles el citado «impuesto revolucionario». El mando, cuyo nombre no se facilita por razones operativos, llegó hace año y medio procedente de los Beltzas (antidisturvios) y está considerado como un gran profesional de la Policía. Sin embargo, desde el principio, según las citadas fuentes, tuvo problemas en la unidad, ya que existía un pequeño grupo de ertzainas que escapaban a su control y sólo rendían cuentas al máximo responsable de la UIA. La gota que ha colmado el vaso ha sido, según estos medios, la situación vivida hace unos días, cuando un empresario acudió a informar de que había recibido una carta de extorsión de la banda. Las diferencias a la hora de tramitar este asunto, entre otras, motivaron su destitución.

Con un balance paupérrimo en la lucha contra la banda ETA, cifrado en una sola detención en los últimos tres años y ocho meses, a la unidad antiterrorista de la Ertzaintza le falta personal y medios, según denunció ayer el sindicato ERNE, tras publicar el diario «El Correo» que el consejero de Interior, Javier Balza, ha echado al responsable de la brigada. Más de cincuenta miembros de la Unidad de Investigación de la Policía Vasca, el 20 por ciento de sus efectivos, han abandonado sus puestos en los últimos meses, lo que «va en detrimento de la eficacia policial», según denunció ERNE.
La lucha contra ETA no parece ser una prioridad para el Gobierno vasco. La Unidad de Investigación de la Ertzaintza no sólo no ha podido desarticular ni un comando en casi cuatro años, sino que incluso tuvo que ser investigada internamente por su única detención, la del presunto miembro de ETA Koldo Damborenea en marzo de 2006, ya que un ertzaina adscrito a la viceconsejería dirigida por Mikel Legarda se puso en contacto con él para advertirle de la operación que iba a llevarse a cabo contra su persona.

Erne exige el cese del viceconsejero de Seguridad de la Ertzaintza tras la destitución del jefe antiterrorista

SAN SEBASTIÁN DV. El sindicato Erne consideró ayer «una nueva cacicada» del viceconsejero vasco de Seguridad, Mikel Legarda, la destitución del jefe antiterrorista de la Ertzaintza y pidió al consejero de Interior que le cese «de una vez» y renueve el departamento con criterios profesionales y «no políticos», tras la destitución el viernes del jefe antiterrorista de la Ertzaintza.

A través de un comunicado, Erne consideró la destitución «una más de las cacicadas» del viceconsejero de Seguridad y señaló que «se cesa a un profesional de la policía y se enmascaran las verdaderas razones del cese». El sindicato denunció la «temporalidad» en la que viven los efectivos de las unidades de investigación, lo que, advirtió, «va en detrimento de la eficacia policial». Según indicó, «estas unidades necesitan de una estabilidad en sus plantillas ya que el trabajo que realizan es delicado y sus investigaciones a veces requieren largo tiempo».