Plan de Prevención y Protección Antiterrorista
El Plan persigue constituir un instrumento operativo de carácter permanente que permita hacer frente a cualquier eventualidad, planificando, antes de que se produzcan, las medidas que se deban ejecutar y los mecanismos que se han de poner en marcha ante posibles situaciones de riesgo a fin de que se tenga la capacidad de responder adecuadamente a cualquier amenaza que pueda producirse.
Se pretende dar una respuesta global e integral al riesgo de posibles ataques terroristas frente a objetivos indiscriminados y susceptibles de producir un gran número de víctimas, tiene por objeto la vigilancia y protección de los lugares de alta concentración de personas, así como los objetivos estratégicos imprescindibles para el normal funcionamiento de la actividad ciudadana”.
El Plan se centrará fundamentalmente en la protección de grandes infraestructuras de transportes terrestres, aéreos y marítimos, donde se produzcan grandes concentraciones humanas; en acontecimientos deportivos que concentran gran cantidad de ciudadanos; en las áreas o edificios emblemáticos de cada una de las ciudades en los que pueda darse una especial afluencia de ciudadanos o puedan ser identificados como de especial interés por elementos terroristas para sus acciones; y en las grandes superficies comerciales, dada la importante afluencia que se producen de ciudadanos a las mismas.
Niveles de Activación:
Primer nivel: en donde los dispositivos de servicios estarán dirigidos a la vigilancia de aquellos lugares con afluencia masiva de personas, medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo y objetivos estratégicos en donde se puedan producir importantes daños.
Segundo nivel: se caracteriza porque se entiende que habrá de procederse a un reforzamiento operativo de las medidas de vigilancia contempladas en el primer nivel y, por lo tanto, de protección de los objetivos anteriormente relacionados.
Tercer nivel: además de las medidas anteriores, y en atención al índice o nivel de riesgo que se estime que concurre en estos supuestos, se establecerán dispositivos de control y detección por los servicios especializados, solicitando en este caso la colaboración de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas, por su parte y ante situaciones de alto riesgo deberán activar planes operativos específicos, para la realización de las siguientes funciones:
Vigilancia y protección de grandes infraestructuras de transportes aéreos, terrestres y marítimos.
Protección de objetivos estratégicos, definiéndose como tales y entre otros, los relacionados con el sector energético, los Centros de Abastecimiento de Hidrocarburos, las Plantas de Regasificación, los Depósitos y redes de distribución de agua potable, las grandes presas o los centros de comunicaciones.
Es el Secretario de Estado de Seguridad a quien corresponde decidir la activación de las correspondientes medidas operativas en función del nivel de amenaza existente en cada momento.
Ejecución del Plan:
Durante el período de activación se constituirá en la Secretaría de Estado de Seguridad el Centro de Coordinación Principal (CECOSE), que estará integrado por enlaces del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas. Su cometido, como tal centro coordinador, será garantizar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y el resto de autoridades que deban intervenir en el mismo, para lo cual este centro de coordinación habrá de recibir en tiempo real información sobre las posibles incidencias que pudieran producirse en la ejecución del plan. Para ello impartirá instrucciones concretas sobre las operaciones que se hayan de realizar, actuando de enlace con los responsables de las policías autonómicas y, en su caso, con las policías locales que pudieran colaborar en el dispositivo antiterrorista.
Los Delegados y Subdelegados del Gobierno constituyen una pieza importante en el esquema del plan, ya que por su parte también deberán convocar reuniones con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y, en su caso, locales, a los efectos de estudiar planes específicos de actuación policial en las fechas afectadas, siendo, además, responsables de la supervisión de las medidas, que siempre habrán de ser adoptadas con un análisis previo de cuáles son los riesgos que en cada uno de los ámbitos territoriales que son competencia de esos delegados y subdelegados del Gobierno pueden presentarse en los períodos en los cuales el plan esté en marcha.
La ultima ejecución de este Plan supuso la movilización de 9.859 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y 36.800 efectivos de la Guardia Civil. Las Fuerzas Armadas dedicaron a su atención 700 soldados diarios y controlaron 32 objetivos estratégicos de primera magnitud (entre centrales nucleares, plantas de regasificación, centros de producción energética y almacenamiento de hidrocarburos, aeropuertos y estaciones de otros medios de transporte).