INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

McNulty
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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por McNulty » Lun Nov 22, 2010 4:11 pm

Que yo sepa en la AEAT jamás han puesto pegas para que embarque personal ajeno en los BOE (Buques de Operaciones Especiales). Es habitual que embarquen GEO para operaciones del CNP, e incluso hace poco embarcó personal de la UEI.
Nos subimos al carro con el trabajo hecho porque precisamente ese es el trabajo que tenemos algunos, subirnos a un carro a las 03:00 con 3 metros de ola. Te puedo asegurar que por falta de medios en tierra también tenemos que dar cancha a otras corporaciones, y muy a menudo.

armadillo
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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por armadillo » Jue Nov 25, 2010 10:16 am

En el verano del 2009, en una conferencia realizada por el SUP en la Universidad Menendez Pelayo sobre modernizacion y prevencion en las politicas publicas de seguridad, se menciona la posibilidad de integrar al SVA dentro de la Guardia Civil.
Dejo el texto practicamente integro ya que en el se vislumbran palos para todos CNI, Policias autonomicas, CNP, SVA, Guardia Civil y Policias locales

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO
Seminario sobre modernización y prevención en las políticas públicas de seguridad.
Santander, del 27 al 31 de julio de 2009.
Mesa redonda sobre modernización, seguridad y política sindical.
Miércoles 29 de julio.
-SCP, SPP, UFP, CEP, SUP.
GUIÓN - RESUMEN
A) Modelo Policial – sistema público de seguridad.
B) Políticas de seguridad Pública
C) Política Sindical.
Modelo Policial – Modernización
Unificación CNP-G.Civil (CNI – SVA). Adscripción de Unidades Adscritas a
todas las CCAA. Ampliación ya existentes. Cesión de competencias de
seguridad ciudadana, patrullas uniformadas de prevención y asistencia, a las
Unidades Adscritas. Equilibrio. Dependencia orgánica Interior y funcional
mixta, consejero y Del. Gob. Fundamental las herramientas tecnológicas,
sistema informático unificado Policías estatales, autonómicas y locales, libre
acceso para sus competencias y en su ámbito. Policías propias, igual,
obligadas por ley a compartir.
Policías locales, policía de barrio. El escalón más importante para el
ciudadano.
Estatal: Investigación, coordinación, Policía Científica, Base de datos,
delincuencia organizada, terrorismo, corrupción, seguridad edificios y
autoridades estatales y competencias en todo el territorio del Estado.
Autonómicas adscritas: seguridad edificios y autoridades, competencias
CCAA y seguridad ciudadana, patrullas uniformadas policía asistencial y
preventiva.
2
Autonómicas propias: igual que ahora, sólo en el territorio de su
competencia y obligadas por ley a facilitar información y datos. Mismo
sistema operativo de trabajo informático que todas las demás.
Locales: seguridad edificios y autoridades, ordenanzas y policía de barrio.
Políticas de Seguridad Pública.
España, país inseguro y violento.
Datos M. Interior Fiscalía 2007: Delitos contra vida, integridad y libertad:
101.437 X 968.897. Contra el patrimonio: 664.458 X 2.200.702. TOTAL:
1.882.642 x 5.446.196. Datos Fiscalía 2007, 2.134 asesinatos, homicidios
dolosos y negligentes (5,8 diarios), 907.220 delitos de lesiones y 250.000
faltas de lesiones.
Instituc. Penitenciarias: Francia, 64 millones y 80 de turistas, abril, 67.253 in
ternos; España, 46 millones habitantes y 58 de turistas, 40 millones menos,
75.459 internos. Extranjeros, Francia ha bajado en 15 años 13 puntos (del 31
al 18%) y España ha subido 22 puntos, del 13 al 35%. La población reclusa
ha aumentado los últimos 16 años en 33.873 personas, y en España en
41.537.
Reconocer el problema para adoptar políticas adecuadas. Despliegue
territorial y Policía de barrio. Despliegue efectivo en zonas rurales.
Información e investigación.
Políticas de justificación estadística, fracaso y atentado contra libertad y
derechos de los ciudadanos. Hoy, binomio seguridad libertad se ha volcado
hacia la seguridad. Identificaciones arbitrarias contra jóvenes, inmigrantes y
negros. Identificación y cacheo sin el requisito que establece T. Supremo de
sospechas lógicas, racionales y razonables. Cientos de miles anuales
Incautación droga para consumo (depende, roban para conseguir más);
inmigrantes ilegales (ver miles de identificados, presentados comisaría,
ingresados CIE y expulsados, Caritas Tenerife); asistencia falsas alarmas.
Política de justificación de actividad, no control de eficacia.
Primero, garantizar ejercicio libertad y derechos constitucionales, después,
seguridad. O las dos a la vez, pero no lo segundo sobre lo primero.
Estrategia contra las drogas. La FAD en su informe “la visión de la FAD”, las
actuales políticas de enfrentamiento ideadas décadas 80 y 90 no valen.
España Italia y EEUU. ¿se consume menos droga que en Holanda? Si se mide
no por el objetivo final, que es reducir el consumo, sino por actividad policial
que es la incautación, se ha incrementado mucho, grandes alabanzas y buen
trabajo policial, pero fracaso de la política de lucha contra las drogas.l

ARGUMENTOS
4
Lo que seguidamente voy a exponer sobre modernización de las fuerzas de seguridad, políticas
públicas y política sindical es la posición de mi sindicato, salvo en una propuesta concreta que en
estos momentos estamos debatiendo, y sobre la que expondré mi opinión personal.
Empezaré hablando de modernización de las fuerzas de seguridad, o lo que nosotros
llamamos el modelo policial, el modelo de sistema público de seguridad, en segundo lugar
me referiré a las políticas públicas de seguridad vigentes, que en nuestra opinión están
desenfocadas y no sirven para un país violento e inseguro como es España, donde se está
imponiendo el valor seguridad sobre el respeto a los derechos y libertades de los
ciudadanos, y en tercer lugar me referiré a la política sindical de la organización que
represento.
Modernización de las fuerzas de seguridad.
Antes de hablar de cambios en el modelo policial es conveniente plantearse algunas preguntas.
¿Podemos ser más eficaces? ¿Podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos?
¿Estamos suficientemente coordinados? Y como en el SUP pensamos que sí, que podemos
ser más eficaces; que sí, podemos mejorar la calidad del servicio que prestamos, y no, no
estamos suficientemente coordinados, nos planteamos cómo mejorar la situación actual.
Y de esas preguntas y respuestas nacen nuestras propuestas, que afectan a las tres
administraciones públicas, estatal, autonómica y local, y a todas las policías de ellas
dependientes.
El vigente modelo policial, con sus repartos territoriales y competenciales no sirve. Es
desequilibrado, descoordinado, fomenta la competencia y no suma ni una mínima parte
del potencial de seguridad que se puede ofrecer con los miembros de las fuerzas de
seguridad existentes en España.
Hay que reformar el modelo y para ello planteamos como primera medida, la unificación de
los dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en un
único Cuerpo de seguridad estatal, por supuesto civil, que asuma todas las competencias
que ahora desarrollan por separado.
5
Se pueden establecer distintos niveles de cambios, más o menos profundos, y nosotros
abogamos por el considerado más radical, revolucionario dicen algunos, que es lo que nos decían
muchos mandos militares en 1983 cuando defendíamos una policía civil y unificada con el
Cuerpo Superior, lo que paso tres años después con un resultado aceptable desde una valoración
de la eficacia conseguida entonces, que mejoró sustancialmente. Esta opción más radical es
unificar en un único cuerpo de Policía del Estado de carácter civil al Cuerpo Nacional de Policía y
la Guardia Civil.
Esta unificación serviría como cimiento a una nueva arquitectura del modelo de seguridad
pública, eliminaría muchas de las insuficiencias que el actual diseño está poniendo en evidencia y
sería más acorde con las necesidades de seguridad que nuestra sociedad tiene planteadas.
La pretensión de este proceso sin duda complejo pero a nuestro entender necesario, es abarcar
todas las competencias en seguridad y protección de los derechos de la ciudadanía y conseguir
algo crucial e imprescindible, la actuación coordinada con el resto de policías que conforman
este puzle de la seguridad (autonómicas, adscritas y locales), con algunas de las cuales se
comparten y solapan competencias atribuidas a ambos cuerpos sobre el mismo territorio.
Al realizar ésta unificación hay que hablar del CNI y del [b]Servicio de Vigilancia Aduanera.
Convendría que el Centro Nacional de Inteligencia pasara a depender de Presidencia o
Vicepresidencia del Gobierno, y no del ministerio de Defensa, y después, que se dedique a
funciones de Información sobre áreas que no estén “ocupadas” por los servicios de Información
de Policía y Guardia Civil, porque ahora trabaja en nuestro país con servicios antiterroristas,
grupos antisistema, o información de bandas organizadas…, duplicando tareas, y en el exterior
informa de las mismas materias que los Consejeros y Agregados de Interior. Y el SVA tiene las
mismas funciones que la Guardia Civil, y debe integrarse en el nuevo Cuerpo de Seguridad del
Estado como servicio de guardacostas y contra el contrabando, sumando sus medios personales
y materiales con la Guardia Civil del mar.
Tras este primer paso que pondría orden en las fuerzas de Seguridad del Estado viene una
segunda actuación que afecta a las comunidades autónomas, y que, de llevarse a cabo,
supondría conseguir un modelo equilibrado y acabar con las actuales tensiones políticas en
comunidades que pueden, y algunas quieren, como Andalucía y Canarias, entre otras, crear un
cuerpo de policía propio. Hoy tienen cuerpo de policía propio País Vasco, Cataluña y
6
Navarra; tienen aprobada su creación Canarias y Andalucía, y pueden crearlos también
Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, las Baleares y Castilla y León.
Este segundo paso consistiría en dotar de Unidades Adscritas a todas las Comunidades
Autónomas que no dispongan de cuerpos de policía propios (Cataluña, País Vasco y Navarra)
además de ampliar las Unidades Adscritas ya existentes (Andalucía, Galicia, C. Valenciana,
Aragón, Asturias y pronto en Madrid), adecuando el número de efectivos en función de sus
competencias y necesidades concretas. Con ello se evitaría la proliferación de cuerpos de
policía propios en más comunidades autónomas, cuyo resultado en términos de seguridad
nos conduciría irremediablemente a una atomización del desempeño policial justo en
sentido contrario al que avanza la criminalidad, una de cuyas principales características
radica precisamente en su internacionalización.
Si aún no hemos sido capaces de arbitrar un mecanismo de coordinación suficientemente
ágil y eficaz ni entre policías de distintos países europeos, ni entre los cuerpos estatales, ni de
estos con las policías autonómicas, ni entre ambos con las policías locales, no podemos
permitir un panorama de fragmentación policial que en lugar de avanzar incremente las
dificultades de entendimiento entre cuerpos policiales dentro del Estado español. Ya hay
experiencias suficientemente elocuentes sobre la coordinación con la Ertzaintza y los Mossos
como para no seguir por ese camino.
Así pues, ya tenemos el segundo paso para hacer más eficaz el sistema público de seguridad, que
consistiría en ampliar las Unidades Adscritas ya existentes y crearlas en todas las
Comunidades Autónomas, lo que ya plantea un amplio y controvertido debate, pero creo
que hay que dar un paso más, y esta es mi opinión personal, no la de mi sindicato, y este
paso es aún más discutido y discutible: ceder la competencia de seguridad ciudadana, la
policía preventiva y asistencial, las patrullas uniformadas, a las Unidades Adscritas.
Estas Unidades tendrían dependencia orgánica del Ministerio del Interior y una
dependencia funcional mixta, del Delegado del Gobierno y del Consejero del ramo de la
CCAA, y en mi opinión es la única forma de implicar en la gestión de la seguridad pública a
las CCAA sin que opten, las que pueden más pronto y las que no más tarde, reformando
sus Estatutos, por crear cuerpos de policía propios.
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Y desde el punto de vista sindical, como esta reforma llevaría aparejada la asunción de las CCAA
de una parte del coste en gastos de personal y medios materiales de los policías sobre los que
ejerce una dirección funcional, esto supondría aligerar el peso del presupuesto y poder abordar
una justa equiparación salarial.
Creo que esta es la mejor forma en que las CCAA pueden implicarse y asumir
competencias en materia de seguridad pública, pues al mantenerse el servicio con
miembros de un mismo Cuerpo se consigue una coordinación muy sólida, y la
dependencia funcional compartida es en sí misma una forma de coordinación, siendo una
salida viable al reparto de competencias entre el Estado central y las CCAA en materia de
seguridad pública sin fraccionar el sistema, perder eficacia y convertir a España en un
paraíso de la criminalidad en Europa.
Y la tercera medida a tomar sería respecto de las policías locales, que deberían dirigir sus
tareas, además de a la protección de edificios y autoridades municipales y a la vigilancia sobre el
cumplimiento de las ordenanzas, se implicarían en el sistema público de seguridad asumiendo el
papel, muy importante, de policía de barrio.
Elemento esencial para coordinar mejor el sistema público de seguridad sería disponer
de herramientas tecnológicas que permitan un sistema informático unificado, donde
trabajen todas las policías locales, las unidades adscritas y las policías locales. Todas las
diligencias y datos revertirían al mismo sistema y todas, cada una para sus competencias
y en su ámbito tendría libre acceso al mismo.
En estos momentos en el sistema público de seguridad en España hay implicadas muchas
administraciones y muchos Cuerpos, muy mal coordinados, a veces incluso muy enfrentados, y la
eficacia es, como las fincas en Andalucía, manifiestamente mejorable.
Los actores implicados hoy en el sistema público de seguridad son el Gobierno, las 17
Comunidades Autónomas, y unos 2.000 ayuntamientos, de los 8.112 municipios, que disponen
de policía local, municipal o guardia urbana. De estas administraciones dependen el Cuerpo
Nacional de Policía, con 65.000 efectivos; la Guardia Civil, 82.000; La ertzaintza, 7.500; los
Mossos D`Escuadra, 15.300; la Policía Foral de Navarra, 1.000; 553 en la Unidad Adscrita a
Andalucía; 397 a Galicia; 388 a la C. Valenciana; 104 a Aragón, 71 a Asturias y pronto, 80 en
8
Madrid. Los policías locales, municipales o guardias urbanas son aproximadamente 62.000, y
esto da una media de 4,90 policías por cada mil habitantes, (46 millones) la segunda más alta de
Europa tras Italia, y sin contar los más de 5.000 efectivos del CNI, ni el Servicio de Vigilancia
Aduanera, ni la Policía Portuaria, ni los Agentes de Movilidad, ni los 185.000 miembros de la
seguridad privada.
La ley orgánica 2/86 está superada por los acontecimientos y en materia de Coordinación nunca
ha llegado a aplicarse.
Si el Consejo de Política de Seguridad, presidido por el ministro del Interior con los consejeros
del ramo de las CCAA no se ha reunido nunca, y su función es la de coordinación de las políticas
de seguridad pública del Estado y las CCAA ¿Quién ha realizado esa función de coordinación?
Nadie, no hay coordinación. Tampoco se ha creado el Comité de expertos dependiente del
Consejo de Política de Seguridad.
En el escalón siguiente, las Juntas de Seguridad en las CCAA con cuerpos de Policía propio,
Cataluña y el País Vasco, el resultado no ha sido mejor. Ha habido más reuniones pero más que
para coordinar han servido para trasladar una permanente demanda de ampliación de
competencias, territorios, información, financiación y crecimiento de efectivos de las
policías autonómicas, demandas que nunca han ido acompañadas de una propuesta de
leal colaboración con las fuerzas de Seguridad del Estado, sino más bien de una
pretensión de suplantación y posterior expulsión del territorio alegando que sus
competencias ya están cubiertas por el cuerpo “propio”.
En cuanto a las Juntas Locales de Seguridad, sin un patrón que guie sus funciones han tenido un
funcionamiento irregular e irrelevante en la determinación de las políticas públicas de
seguridad.
Por ello el remate de este cambio del modelo policial tras la unificación de Policía y Guardia
Civil, la adscripción de Unidades a todas las CCAA para el ejercicio de las competencias propias
de cada Comunidad y la cesión de competencias en seguridad ciudadana, y la conversión de las
policías locales en policías de barrio, sería la aprobación de un Plan Estratégico que debería
contemplar, entre otros, los siguientes planes específicos:
9
Plan de dotación de recursos humanos y medios materiales, que debe como
elementos principales:
1. Garantizar una dotación permanente de la Policía del Estado (Policía y Guardia Civil) de
150.000 efectivos.
2. Una inversión que contemple la equiparación salarial, la formación y especialización que
corresponde al cuerpo del Estado, la dotación de medios materiales y las mejoras
tecnológicas.
Plan de Cooperación política y profesional entre las diferentes policías del
Estado, que incluya
1. Utilizar los recursos de la ley orgánica 2/86 como el Consejo de Política de Seguridad, las
Juntas de Seguridad de CCAA y las Juntas Locales de seguridad, con directrices uniformes
y protocolos de cooperación.
2. Crear una red de infraestructuras tecnológicas que permita conectar a todas las policías,
(estatal, autonómicas y locales) a través del Sistema Estatal de Bases de datos Policiales,
con acceso por niveles en función de las competencias y el territorio.
3. Diseñar el Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica aplicado a la seguridad, en
colaboración con la universidad y sectores públicos y privados de I+D+i.
4. Implantar el Servicio Nacional de Policía Científica agrupando las tareas, funciones y
medios actuales de Policía y Guardia Civil.
Plan de reformas legislativas, focalizadas preferentemente en:
1. Reforma de la ley orgánica, fusionando los cuerpos estatales, fijando el territorio y el
ámbito de competencias de las policías autonómicas y de las Unidades Adscritas, y
ampliando el trabajo de policías locales a materias propias de seguridad ciudadana en
colaboración con las policías autonómicas y la estatal.
2. Establecimiento de un sistema informático operativo conjunto de las policías
autonómicas, adscritas y locales con la Policía del Estado, que garantice la gestión de toda
la información policial operativa. El sistema operativo de denuncias y diligencias será
centralizado.
Siendo consciente de que la unificación es muy difícil de digerir a corto plazo, al menos se
puede cambiar una orden ministerial y establecer la creación de las 17 comisarías locales del
CNP aprobadas en el Plan de expansión territorial del año 2004, ( en Madrid: Las Rozas,
10
Majadahonda, Collado – Villalba, Arganda del Rey y Rivas vaciamadrid; en Sevilla, Utrera y
Los palacios – Villafranca; en Alicante, Torrevieja y San Vicente del Raspeig; en Málaga,
Mijas; en Almería, Roquetas; el Cádiz, Chiclana; en Valencia, Cullera; en Castellón, Vinaroz –
Benicarló; En Baleares, Calviá; En Las Palmas, Santa Lucía de Tirajana y Arucas). También se
podría revisar el despliegue de la Guardia Civil en la zona rural, donde están creciendo
mucho los delitos porque nadie se encarga de prevenirlos, y también abordar una formación
policial básica unificada, para todas las policías (así pasa en Alemanía).
Resumo este primer punto de modernización de las Fuerzas de Seguridad del Estado:
1. Unificación de CNP y Guardia Civil en un único cuerpo civil.
2. Adscripción de Unidades Adscritas a todas las CCAA, cesión de competencias de
seguridad ciudadana a las mismas, y asunción por las CCAA de parte del coste del
servicio policial, en salarios y/o medios materiales.
3. Plan Estratégico de dotación de personal, medios materiales, de coordinación
política y profesional y de avances tecnológicos y científicos.
Policía del Estado: investigación, Coordinación, Policía Científica, Bases de datos,
Delincuencia organizada, terrorismo, corrupción, seguridad edificios y autoridades
estatales, competencia en todo el territorio del Estado.
Policías autonómicas adscritas: seguridad edificios y autoridades de su ámbito,
competencias de la comunidad y seguridad ciudadana (patrullas de uniforme como
policía asistencial y preventiva). Sistema operativo de trabajo informático enlazado
con red estatal.
Policías autonómicas propias: mantendrán sus competencias actuales sólo en el
territorio de su CCAA, y estarán obligadas legalmente a cooperar con el Estado
facilitando datos e información. Sistema operativo de trabajo informático enlazado
con la red estatal.
Policías locales: seguridad edificios y autoridades locales, ordenanzas municipales y
policía de barrio, con sistema operativo de trabajo informático enlazado con la red
estatal.
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Modernización de las políticas públicas de seguridad.
En este punto, como en el anteriormente expuesto, cabe hacerse algunas preguntas para saber si
procede abordar algún cambio o no en las políticas de seguridad públicas. ¿El nivel de
criminalidad en nuestro país se puede reducir? ¿Es alto o bajo en relación con otros países? ¿Las
políticas aplicadas son eficaces, consiguen reducir la criminalidad o el consumo de drogas? Las
respuestas del SUP son que el nivel de criminalidad se puede reducir; que es muy elevado, al
menos similar al de otros países y no mucho menor como se dice; y las políticas aplicadas no se
orientan a mejorar la seguridad o reducir el consumo de drogas sino a justificar estadísticamente
el trabajo policial, con independencia de su efecto sobre la ciudadanía.
Un cambio esencial para entender que son necesarias nuevas políticas de seguridad
pública es asumir el nivel de criminalidad de nuestro país, que según Interior es uno de
los más seguros de Europa, y según el SUP es uno de los más inseguros. Si se parte del
principio de que no hay un problema de seguridad pública nunca se abordarán las
medidas necesarias para resolverlo, sobre todo si es un problema que se puede
enmascarar, como ocurre con la criminalidad.
El barómetro Eurostat de la unión europea, que se utiliza como argumento para contrarrestar la
opinión del SUP se nutre de los datos que facilitan los países que forman parte del mismo, así que
de España figuran los datos que facilita España, que para nosotros no son fiables.
Mantenemos que España es un país inseguro y violento que necesita más eficacia, más
coordinación, y saber cuántos homicidios se producen en nuestro país, en el territorio del
conjunto del Estado, sin que nos falten los datos de una u otra CCAA, o sin que haya
diferencias de varios cientos de muertos entre los datos del Ministerio del Interior y la
Fiscalía General del Estado. Necesitamos más políticas inteligentes y no el uso abusivo de
la intervención policial a ciegas, en la calle, para justificar estadísticamente nuestro
trabajo. Necesitamos un organismo que nos diga que el año 2008 en España hubo 800 o 1.200
personas que fallecieron por homicidio o asesinato, con independencia de la calificación jurídica.
Personas que murieron por la acción de otra persona.
12
Como discrepamos con Interior en este asunto (y en otros, pero hoy nos ocupa éste), siempre
intentamos buscar datos que no sean discutibles, que sean la consecuencia de un elevado nivel
de criminalidad, para lo que es necesario, además de conseguir los datos, cosa casi imposible en
este país, lo que también es un índice del nivel de calidad de nuestra democracia, comparar esos
datos con los de otros países.
Por ello, el Observatorio de la Seguridad Pública, boletín del Instituto de Estudios de
Seguridad y Policía del Sindicato está elaborando su número 19, del que he conocido ya
algunos datos sobre la población reclusa española y francesa, dato este que es indicativo del
nivel de criminalidad de un país, y que son muy significativos.
España tiene 46 millones de habitantes y Francia 64, 18 millones más. España recibe 58
millones de turistas y Francia 80, es decir, 22 millones más. En la vertiente penal, aunque
con distinta nomenclatura, se castigan prácticamente los mismos hechos y los requisitos de
ingreso en prisión también son similares, y las fuentes de datos de reclusos son las
Instituciones penitenciarias de España y Francia, y son dichas instituciones las que dicen
que a mediados de abril pasado, en los centros penitenciarios españoles había 75.459
internos, 58.128 condenados (77,03%) y 17.331 preventivos (el 22.97%), y en esas mismas
fechas la población reclusa en Francia era de 67.253 internos, con un 73,9 de personas
condenadas y un 26,1% en situación de prisión preventiva. En España había 8.206 presos más,
con 18 millones menos de habitantes y 22 millones menos de turistas. En los últimos 16
años la población reclusa en Francia ha aumentado en 33.873 personas y en España en
41.537. Y aunque no tengan relación directa con el asunto que nos ocupa, pero por dejar aquí el
dato, diré que en Francia el porcentaje de mujeres encarceladas es bastante menor que en
España, el 3,5% sobre el total (2.334) y en España es del 8,04% (6.066), y los extranjeros han
ido disminuyendo en las prisiones francesas y aumentando en las españolas. En Francia se
ha reducido en los últimos 15 años en 13 puntos porcentuales (del 31 al 18%) y en
España, en el mismo periodo, el porcentaje de extranjeros ha aumentado en 22 puntos
(del 13 al 35%). La procedencia de los extranjeros encarcelados se concentra en muy pocos
países, y mientras en Francia son de países del Magreb y Rumanía casi el 50% del total, en
España son ciudadanos de países del Magreb, Rumanía, Colombia y Ecuador más del 75%
de los encarcelados. El porcentaje de residentes extranjeros es similar, en torno al 12%, en
Francia y España.
13
Esta población reclusa solo puede obedecer a un nivel elevado de criminalidad, porque la
otra razón que sería que la policía española es mucho más eficaz que la francesa, y eso no
podemos asegurarlo aunque estamos recogiendo datos para hacer las comparaciones
oportunas, y mientras tanto, conviene ver los datos que aportan dos organismos oficiales del
Estado español.
Datos año 2007
Ministerio del Interior - Fiscalía General del Estado
Infracciones penales Ministerio del Interior Fiscalía General del Estado
Delitos contra la vida,
integridad y libertad
101.437
968.897
Delitos contra el patrimonio
664.458
2.200.702
Faltas de lesiones y hurtos
652.208
780.052
Resto faltas y delitos 464.539 1.496.545
TOTAL 1.882.642 5.446.196
Sostenemos que España es un país violento en los datos de la FGE, según la cual en 2007
hubo 2.134 asesinatos, homicidios dolosos y homicidios negligentes (5,8 diarios), 907.220
delitos de lesiones y 250.000 faltas de lesiones.
La errónea percepción o el enmascaramiento de la realidad nos lleva a políticas de
seguridad que se basan en la justificación estadística, vulneran las libertades públicas y
los derechos de los ciudadanos, no son eficaces y ponen en riesgo la seguridad jurídica de
los policías.
La actuación de las fuerzas de Seguridad en el Estado español, de todas y cada una de ellas, tiene
su origen legal en la Constitución española, debiendo garantizar la seguridad de los ciudadanos
respetando sus derechos y libertades.
Es un lugar común en cualquier análisis o debate sobre seguridad pública y derechos ciudadanos
que la libertad y la seguridad son dos caras de la misma moneda, y que no es posible la una sin la
otra.
14
Esta aseveración teórica está siendo destruida en la práctica de los últimos años, imponiéndose
el valor seguridad sobre el de la libertad, y no tanto porque sea imprescindible renunciar
a espacios de libertad para garantizar mayor seguridad sino por la práctica rutinaria de
actuaciones policiales, impulsadas por los responsables políticos y por algunos mandos,
que acaban siendo aceptadas por la ciudadanía pero que vulneran, a nuestro entender, los
derechos y libertades cívicas de la ciudadanía.
Es una política errónea utilizar como prueba de eficacia el dato estadístico de
identificados (más de 200.000), o el de actas de incautación de dogas. El primero es una
actuación justificativa sin resultado operativo alguno, y el segundo supone sacar un cubo
de agua del mar, y si se interviene a un toxicómano, obligarle a cometer un delito para
proveerse drogas, porque no va a dejar de consumirla. Y digno de estudio sería conocer el
número de detenciones de inmigrantes irregulares, cuántos quedan en libertad, cuantos ingresan
en un CIE y cuántos son expulsados, pues solo con este dato se comprende el derroche de trabajo
inútil y la inutilidad de las actuales políticas públicas de seguridad.- Se puede añadir, como un
dato más, cuánto tiempo dedicamos a acudir a falsas alarmas de la seguridad privada, a cuántas
miles de ellas acudimos auxiliando a una empresa privada, para entender que, identificando a
jóvenes, sudamericanos o negros, trasladando a inmigrantes a comisaría, incautando pequeñas
dosis de droga para consumo propio o acudiendo a falsas alarmas como si fuésemos ayudantes
de empresas de seguridad privada se consume una parte muy importante de la actividad policial
de seguridad ciudadana preventiva. Esto se plasma después en datos estadísticos justificativos
de nuestra actividad, pero no es un trabajo eficaz porque en nada mejoran la seguridad de los
ciudadanos.
Estas prácticas o procedimientos policiales, que se llevan a cabo por todos los cuerpos,
estatales, autonómicos y locales, son atentados al ejercicio de las libertades públicas
consagradas en la Constitución, lo que desde el punto de vista cívico supone una rebaja
considerable de la calidad de nuestro sistema democrático por vulnerar los derechos de
los ciudadanos, y desde un punto de vista policial además supone poner en riesgo la
protección jurídica de los policías ante actuaciones profesionales.
Por aquí debe empezar cualquier cambio en las políticas de seguridad pública: detener el
deterioro de los derechos civiles por la actuación policial y garantizar a los profesionales de la
seguridad pública unos procedimientos legales y protocolizados.
15
En el año 1992, siendo ministro José Luís Corcuera, se aprobó la ley de protección de la
seguridad ciudadana, conocida como Ley Corcuera o Ley de “patada en la puerta”, que provocó
un intenso debate político y mediático. Dicho ley pretendía “legalizar” determinado tipo de
prácticas policiales que no tenían cobertura legal alguna, y entre ellas, la de la identificación en la
vía pública, pues el eufemismo con el que veníamos trabajando de la “retención”, que se
practicaba durante un tiempo indeterminado para identificar a alguien o realizar gestiones
policiales de esclarecimiento de algún hecho fue desmontada por la judicatura con aquella
famosa sentencia (al menos para los policías), que decía que no había espacio intermedio entre
la detención y la libertad, y que o se estaba detenido o se estaba en libertad, pero una figura
intermedia no era posible.
Sobre aquella ley hubo sesudos debates políticos intentando determinar cuándo se podía
identificar a un ciudadano en la vía pública, llegándose a la conclusión de que siempre que una
persona resultase sospechosa de un hecho delictivo o infracción, podría ser identificado
policialmente.
Así lo establecen distintas sentencias del TC y alguna del Tribunal Supremo, (Sentencia Sala
Segunda TS 879/1993, de 15 de abril, los policías pueden identificar y cachear cuando “existan
sospechas que no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias”.)
La falta de control político, la presión sobre los mandos policiales, y la incentivación de la
“política del palote”, de justificación estadística, ha derivado en rutina burocrática y hoy, en
nuestro país, hay cientos de miles identificaciones arbitrarias, sin ninguna razón policial objetiva
en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana o en aplicación de la ley de
extranjería, simplemente porque el aspecto externo del “candidato” a ser identificado reúne una
serie de características étnicas, de edad, actitud o indumentaria que se consideran indicios
suficientes para su identificación y cacheo, no fuera a suceder que se tratara de autores de una
“gravísima infracción” administrativa como es fumar tabaco mezclado con otra droga. Así, si hay
droga hay multa o sanción, y si no la hay no pasa nada; el ciudadano está obligado en este país
democrático, si es joven, negro o sudamericano, a dejarse identificar y cachear en la vía pública
sin ninguna razón justificativa para ello.
16
Esta práctica habitual viene fomentada por una política falsa de seguridad basada en la
justificación estadística, a la que lo que menos importa es la eficacia del trabajo que se
realiza, sino el número de personas identificadas, cuántas de ellas tienen reclamaciones
judiciales y cuántas pueden ser detenidas en aplicación de la ley de extranjería. Una ley de
extranjería, por cierto, para la que debería revisarse la casuística de la detención policial y
buscar otros mecanismos más eficaces y menos arbitrarios, porque el espectáculo de hace tres
semanas en Tenerife con unos policías rodeando un comedor de Caritas para hacer 12 detenidos
entre personas que van allí porque no tienen que comer es de esos que nos producen
repugnancia a muchos ciudadanos incluidos quienes tenemos como profesión ser policías.
Por lo dicho hasta ahora, el primer cambio en las políticas públicas de seguridad debería
consistir en garantizar el equilibrio entre libertad y seguridad, fortaleciendo los mecanismos de
la libertad para que no sucumba a manos de su hermana gemela, la seguridad, que es una voraz
depredadora de los derechos por lo que es exigible una permanente alerta sobre sus
procedimientos.
Otra política que debería someterse a revisión de manera inmediata es la estrategia
represiva contra las drogas, para lo que basta con evaluar sus resultados, que han sido un
absoluto fracaso. El objetivo de las políticas contra las drogas era que hubiese menos
personas afectadas por ellas, no que creciera en cientos de toneladas las incautaciones
policiales. Si hay más incautación de droga y hay mayor consumo, algo se estará haciendo mal
pero no se puede mantener una misma estrategia contra las drogas durante 20 años con estos
resultados. El fracaso no es policial, es de la estrategia acordada hace 20 años por Estados
Unidos, España e Italia como punta de lanza de las políticas más duras. ¿Ha crecido más el
consumo de drogas en este tiempo en España, en Italia o en Holanda, que aplica una política
distinta?
No es casualidad que en fechas recientes la FAD (Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción), la institución más prestigiosa en España en esta materia, cuya presidencia
de honor ostenta la Reina Sofía, haya pedido reformular la estrategia contra las drogas
alegando que no se pueden aplicar fórmulas anticuadas para atajar problemas nuevos.
Según la FAD, en su informe “la visión de la FAD” del pasado mes de mayo las actuales políticas
de enfrentamiento ideadas en la década de los 80 y 90 no tienen validez hoy, y señala que es
necesario pensar en nuevas estrategias para nuevos problemas.
17
No aboga la FAD por la legalización pero quiere reabrir este debate, dice que el Plan Nacional
sobre Drogas debe cambiarse y pone como ejemplo que, estando prohibida la venta y consumo
de alcohol por los jóvenes, el 84% alcanza la mayoría de edad habiendo consumido alcohol, y no
poco. La pretensión de consumo cero de drogas es una utopía y hay que revisar todos los
planteamientos.
Estas nuevas políticas de seguridad pública deben hacer compatible un mayor respeto a los
derechos de los ciudadanos, con una mayor eficacia policial tanto en delincuencia común como
en delitos más graves de terrorismo o delincuencia organizada.
Porque el reto de la policía española debe ser garantizar más seguridad pero no a
cualquier precio, sino respetando nuestra constitución, una de las más avanzadas del
mundo en reconocimiento de derechos y libertades individuales; esto es, obtener la
máxima eficacia contra los delincuentes con un escrupuloso respeto a los derechos y la
libertad de la ciudadanía. No vale eficacia a cualquier precio, y si eso se produce es única y
exclusivamente por responsabilidad política, y acabarán siendo más eficaces no los
mandos mejor preparados profesionalmente sino los menos respetuosos con los derechos
de los ciudadanos y las libertades públicas. ¿Está pasando eso ya en España?
Vale el mismo ejemplo para el servicio de seguridad durante las elecciones políticas. Se
estableció un dispositivo con la llegada de la democracia, razonable entonces pues era posible
que grupos ultras que se oponían intentaran boicotearlas incluso atacando los colegios
electorales, pero transcurridos más de 30 años no puede mantenerse el mismo dispositivo con
un policía en cada colegio. Es un dispositivo excesivo, con mucha policía y desigual retribución,
estando muy mal pagados los policías y guardias civiles en comparación con los policías locales,
que duplican o triplican el salario extra que perciben por ese servicio. La mitad de efectivos, el
doble de gratificación, más eficacia y menos coste para las arcas públicas.
Resumiendo este apartado, España precisa políticas de seguridad públicas coordinadas, que
consigan la mayor eficacia posible para rebajar los índices de criminalidad, con escrupuloso
respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, porque hoy las prácticas rutinarias y la
presión por la justificación estadística han producido una realidad virtual que en nada se
18
corresponde con la verdad, que es que hay políticas poco respetuosas con los derechos y
libertades ciudadanas y poco eficaces en la lucha contra la delincuencia.

armadillo
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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por armadillo » Jue Ene 20, 2011 8:39 am

Yo pienso que el SVA no deberia integrarse en la GC. soy partidario de la separacion de poderes hasta en el ambito policial como sintoma de higiene y me explico:
Al haber cuerpos diferentes unos sirven de contrapeso a otros (no me refiero a que halla doscientos cuerpos pero si un par de ellos o a lo sumo tres que compartan funciones), como contrapeso me refiero a fomentar la competitividad entre ellos y lograr asi una mayor efectividad, en cualquier ambito es sabido que si tienes que competir (y tienes interes) te esfuerzas mas para poder lograr mejores resultados que el otro.
Ademas,y que no se malinterprete al compartir espacio la mano izquierda sabe lo que hace la derecha.
No creo que sea para nada efectivo, que un cuerpo acapare todas las funciones ya sea CNP,SVA O GC.

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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por paloalto » Jue Ene 20, 2011 3:52 pm

La teoría está muy bien pero la practica demuestra que se duplican intervenciones, que hay que andar "repartiendo operaciones" etc.
Ocurre que hay temas en los que todo el mundo quiere meter la mano porque interesa, es vistoso y queda muy bien.
Para muestra dos botones
1º) Extranjería competencia exclusiva CNP, es algo que nadie discute y nadie quiere hacerse la foto.
2º) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga Según la LO. 2/86 Art. 12 a.5 . será ejercida por ....

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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por armadillo » Lun Ene 24, 2011 9:32 am

Puede que tengas razon en lo de duplicidades, repartir operaciones etc.. entonces esa problematica ya no derive tanto de los diferentes cuerpos policiales sino en los criterios empleados por el CICO -que pienso que con lo que debe lidiar bastante hace-
Probablemente la cuestion radica mas en el ansia de las diferentes cupulas policiales, que deberian anteponer el interes general al particular.

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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por armadillo » Sab Feb 19, 2011 11:43 am

CATALUÑA PRETENDE ELIMINAR A LA POLICIA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL ADEMAS DEL SVA Y QUEDARSE CON LAS COMPETENCIAS

MADRID- Dos de los principales sindicatos de Policía y Guardia Civil reaccionaron ayer con indignación al conocer la noticia difundida por este diario en la que se desvelaba que la Generalitat quiere sustituir a los agentes de la Policía y Guardia Civil por Mossos y otorgar a éstos, mayores competencias. En concreto solicitaba sustituir a estos agentes en la seguridad de puertos y aeropuertos así como Salvamento y Seprona. Así, el secretario general de la Confederación Española de Policía, Ignacio López calificó ayer de «barbaridad» la citada propuesta ya que significaría «una ruptura total con el sistema constitucional y con la Ley Orgánica que regula a los Cuerpos de Seguridad del Estado» y mostró su preocupación ante la nueva ofensiva nacionalista. «Si perdemos esta batalla, será un gran paso atrás y estaremos a muy poquito de no reconocer a la España que estudiamos en los libros de historia» afirmó.

Y es que el aumento de competencias que pretende la Generalitat no se corresponde en absoluto, según López, «con el plan de austeridad planteado por el Gobierno catalán».
Asimismo desveló que una vez han tenido conocimiento de la directriz del consejero de Interior catalán, Felip Puig, han aprobado una moción para trasladar al Consejo de la Policía y al Gobierno su malestar por la propuesta, porque en estos momentos «no es posible pensar en que sólo una policía autonómica estaría en condiciones de garantizar la seguridad de los ciudadanos catalanes».

Y esgrimió dos motivos fundamentales, uno porque «tendrían dificultades para colaborar con la Policía de otros países», y dos, porque hay demasiadas cuestiones para ocuparse para un sólo cuerpo de seguridad. «Se trabaja en materia antiterrorista, lucha contra el tráfico de droga, criminalidad... por lo que sería insuficiente y podría acarrear graves problemas de seguridad».

En la misma línea se pronunció Juan Antonio Delgado, secretario de comunicación de la AUGC, que mostró también su inquietud por la iniciativa, al considerar que sería un nuevo «parche» que contribuiría al «descontrol, desastre y desorganización» del modelo de organización de la Policía y abogó por «un gran Pacto de Estado entre los grandes partidos para que se unifique el sistema policial», porque al final los perjudicados «son los ciudadanos que no saben a qué cuerpo dirigirse». Y es que en Cataluña, al menos hay seis cuerpos diferentes.

A la Policía Nacional, Policía Local, la Guardia Civil y los Mossos, hay que añadir los agentes de Vigilancia aduanera y la Policía portuaria, lo que incrementa sustancialmente los gastos porque «se duplican competencias al trabajar en muchas ocasiones en las mismas cosas» y además «no comparten bases de datos». Según Delgado, «es legal pedir competencias» pero hay cosas que «se deberían negar» y ésta es una de ellas, porque «no puede ser una moneda de cambio para los partidos políticos». Por último, señaló que los guardias civiles destinados en Cataluña, «están disgustados debido a lo incierto de su futuro».

http://noticiassva.blogspot.com/

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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por armadillo » Mié Ago 24, 2011 8:41 am

Sin maldad; lo que me esta empezando mosquear es el interes del cuerpo de inspectores de hacienda por la creacion de esa policia fiscal, lo que no añaden pero ya lo han dejado entrever en varios articulos publicados es que el CNP-GC Y SVA estarian bajo su mando es decir,serian los curritos y ellos la elite, no se que opinion os merece este punto que creo tiene su aquel. :mrgreen:



Hacia una policía tributaria europea

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda tiene meridianamente claro que la lucha contra el fraude fiscal, y la persecución del blanqueo de capitales asociado a éste u otro tipo de delitos, no puede acometerse a partir de diferentes organismos o instituciones que ataquen sólo parcialmente el fenómeno. En su opinión habría que crear un organismo multidisciplinar que integre, entre otros, funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal, en colaboración permanente con los órganos del Poder Judicial.

"La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera". Tales unidades dependerían de la Oficina de Lucha contra el Fraude. Para los inspectores, la creación de una Policía Fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude, especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia contrastada como EE UU e Italia. Con esos precedentes, numerosos expertos creen que no es descabellado pensar que la UE podría acabar poniendo en marcha una policía fiscal europea, y especializando a jueces y fiscales.

http://www.elpais.com/articulo/pais/vas ... pvas_1/Tes

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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por arao » Lun Ago 29, 2011 1:07 am

Pues ya sabes, los Inspectores de Hacienda al igual que los mandos de la GC tienen mucho "poder de convicción", yo si que veo necesaria la creación de una policía fiscal.

arao
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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por arao » Sab Sep 10, 2011 9:05 am

Denuncian que patrulleras de la Guardia Civil pasan veinte días al mes amarradas para ahorrar

LA ASOCIACIÓN AUGC CRITICA QUE EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADAR CONTINÚA SIN TENER PLANTILLA FIJA

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer que las patrulleras para la vigilancia marítima permanecen amarradas la mayor parte del día para ahorrar combustible. Doce horas al día y 20 días al mes ancladas en el Puerto a pesar de tener tripulación suficiente para navegar. Esta denuncia coincidió ayer con el hallazgo en las costas de la provincia de una posible patera, que fue encontrada abandonada por un pescador en aguas del Cabo Roig en el término municipal de Pilar de la Horadada.
El suceso ocurrió hacia las 8.30 horas en la Playa Agua Marina de Pilar. Una embarcación rígida de fibra de unos cuatro metros de eslora apareció flotando a la deriva. En el interior, se encontraron restos de latas de comida con letras en árabe y botellas de agua. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que la barca encontrada tenía capacidad para transportar entre siete y nueve personas, aunque se desconocen cuántas han podido desembarcar. La Guardia Civil hacía ayer gestiones para tratar de identificar a los tripulantes de la embarcación.
Desde la AUGC, se incidió en que el amarre de las patrulleras se produce a pesar de que éstas cuentan ya con personal suficiente para navegar de forma permanente. Desde la asociación se culpó de la situación al general Santacreu, responsable de la vigilancia marítima de la costa y que, según denuncian, se opone a que las patrulleras estén las 24 horas al día en funcionamiento. Su postura es que vigilen el Puerto de Alicante todos los días, aunque no se patrulle la costa para prevenir el narcotráfico. "Todo ello sin importar sucesos como el ocurrido el verano del año pasado en el que tras naufragar alguna patera no había servicio para el rescate y recogida de cadáveres", señalaron fuentes del colectivo.

Por ello, desde la asociación se preguntan cómo es posible que otras fuerzas de seguridad con menos plantillas y medios estén dando mejor resultado en la lucha contra el narcotráfico, en alusión a las últimas intervenciones de barcos con hachís llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera.

Desde la AUGC se incidió también en la inversión millonaria que se ha realizado para la instalación del SIVE, el sistema de radar que detecta la llegada de pateras. "La central que debería controlar los radares se encuentra sin personal fijo y en turno continuado. Las personas que se encuentran en el SIVE deben compaginar la vigilancia del radar con otras funciones propias del Centro de Orientación de Servicios.

http://www.diarioinformacion.com/alican ... 65274.html

GUAU
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Re: INTEGRACION S.V.A Y FISCAL FR LA GUARDIA CIVIL

Mensaje por GUAU » Mar Sep 13, 2011 10:28 pm

Por ello, desde la asociación se preguntan cómo es posible que otras fuerzas de seguridad con menos plantillas y medios estén dando mejor resultado en la lucha contra el narcotráfico, en alusión a las últimas intervenciones de barcos con hachís llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera.

Cuando alguien no sabe donde va corre el riesgo de llegar a cualquier parte. Aduanas tiene claro cual es su cometido, a lo mejor otros no lo tienen tan claro. Las respuestas a las preguntas que se hace la asociación no las tiene el SVA las tienen bajo tres candados en algún Estado Mayor militar. Y estos no suelen dar explicaciones a los paisanos. Es mejor moverse en la oscuridad y las tinieblas.
Solo hay una cosa peor que carecer de fuentes de información, es dejarse
seducir por fuentes de información que cuentan mentiras.

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