Caso Malaya
Publicado: 18 Abr 2008 00:30
Este es un artículo de Interviu, no sé si ya se había tratado este tema, pero que podeis comentar de esto.
Cuando comenzaron las escuchas a Juan Antonio Roca, principal imputado en la Operación Malaya, la policía no podía creerlo. La señal de sus conversaciones era incomprensible. El aparato de grabación registraba un simple zumbido y las conversaciones más jugosas –aquellas entre Roca y su círculo de confianza– quedaron fuera de la investigación. Tras consultar a varios expertos, los agentes llegaron a una conclusión: las llamadas estaban encriptadas con un avanzado sistema de seguridad. Algo no encajaba.
Los esfuerzos policiales se centraron en identi_ car al culpable del sistema de contravigilancia. Pero la respuesta fue sorprendente. Según ha podido saber interviú, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encuentran tras el operativo ideado para resguardar al capo de Marbella de las investigaciones policiales. Roca era un confidente pata negra y coqueteó con varios cuerpos de seguridad. Al final, se quedó con el servicio secreto. Su información era vital para controlar el submundo de la Costa del Sol, plagado de grupos mafiosos y traficantes. Pero sus servicios tenían un precio. Para que el grifo de información no se cortara, fue necesario que Roca siguiera en activo. Así que el CNI le blindó.
En el grueso del sumario, más de 4.000 folios desclasificados, no aparece ni una sola conversación telefónica entre Roca y sus principales testaferros –Óscar Benavente, Salvador Gardoqui y Montserrat Corulla– pese a que el cerebro del caso Malaya daba instrucciones a sus subordinados de forma regular. Además, el sistema de codificación empleado por Roca y su entorno es inviolable por las escuchas judiciales, que dependen directamente de las grabaciones realizadas por las operadoras telefónicas. Las pesquisas se centraron entonces en las conversaciones entre los hombres de confianza de Roca y otros eslabones de la cadena sin medidas de seguridad: trabajadores, empresarios y los concejales del Ayuntamiento.
Ligado al CNI
Jaime Hachuel Fernández fue identificado desde el primer momento como el jefe de seguridad de Roca. El cerebro de la Operación Malaya se refería a su guardaespaldas como el coronel. Pero nunca alcanzó ese rango. Este sargento de la Guardia Real en excedencia colabora desde hace años con el CNI. Según fuentes judiciales, su relación con el servicio de inteligencia depende directamente del o_ cial de enlace en Marbella, un inspector llamado Tomás R. Este policía adscrito al CNI y que trabaja junto al agente Iñaki, es el encargado de los operativos de la inteligencia española en toda la Costa del Sol. Tomás R. ha trabajado en Fuengirola y Torremolinos, y participó en la operaación de seguimiento de los tres miembros del IRA que fueron abatidos en Gibraltar por las fuerzas británicas en 1988.
Las mismas fuentes constataron durante la instrucción que las relaciones de Hachuel con el CNI van más allá de las cuestiones de seguridad vinculadas con Roca. Una de sus funciones en este operativo fue la de comprar el sistema de secrafonía –encriptación telefónica– destinado a salvaguardar a Roca de las escuchas judiciales. Para ello, Hachuel acudió a la empresa Blanch Internacional Asociados (BAI), una _ rma de Aravaca ligada a La Casa, sobrenombre con el que los agentes del servicio secreto conocen al CNI.
El encargado de la seguridad de Roca aseguró tras se detenido que contactó con BAI en una feria especializada y compró los secráfonos por orden de su jefe. Según ha podido saber interviú, BAI es uno de los principales proveedores del servicio secreto en sistemas de escucha y radio-frecuencia. Además, cuenta con seis compras de material en dos años, clasificadas por la Administración Pública “de naturaleza reservada”. El 15 de diciembre de 1999, la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa compró a Blanch Internacional un sistema de proyector de blancos térmicos por 262.642 euros. En agosto del pasado año, la Armada adquirió a la misma sociedad material de localización de blancos y dirección de tiro por valor de 649.000 euros.
El Registro Mercantil arroja que la BAI, registrada con un objeto social ambiguo y en el epígrafe de Transporte por carretera, está controlada por María José García Blach y sus dos hijos, Pablo y Astrid Buhigas García. Pero otro nombre subyace en la sociedad: Carlos Buhigas Viqueira. Este empresario, conocido por moverse con soltura entre las intrigas del servicio secreto, aparece como enlace de BAI en el mercado internacional y fue testigo en el juicio por las escuchas ilegales del Cesid a personalidades, políticos y periodistas de 1983 a 1991. Buhigas fue el encargado de suministrar el material técnico para las grabaciones de los espías españoles. En la instrucción del caso, el empresario declaró que desconocía el destino final de su material, que sirvió incluso para intervenir las conversaciones del Rey.
Rutina militar
Blanch Internacional proporcionó a Hachuel un sistema de encriptación denominado Cripto. El método, que cuesta 4.000 euros por terminal, es empleado por altas personalidades de la política como el ex canciller alemán Gerhard Schroeder. Roca adquirió ocho teléfonos por 72.000 euros, que fueron entregados a sus hombres de confianza, al abogado encargado de sus negocios y a su mujer. Las conversaciones más trascendentales de Roca quedaron blindadas contra oídos ajenos, incluso para las escuchas policiales. La misma empresa suministró a Hachuel otros sistemas de contra-vigilancia, como un rastreador de sistemas de balizamiento para vehículos y un detector de pinchazos analógico.
Los agentes encargados del seguimiento de Juan Antonio Roca se encontraron al capo de Marbella sumergido en una rutina militar. Era común que cambiara de trayecto en sus desplazamientos y que las matrículas fueran comprobadas con diligencia por Hachuel a la mínima sospecha. Los coches y las personas encargadas del operativo camuflado tenían que rotar cada poco tiempo para evitar los métodos de defensa de Roca.
En su declaración ante el juez Santiago Torres, encargado de la instrucción de la Operación Malaya, Jaime Hachuel reconoció contactos con varios cuerpos de seguridad del Estado. Según el guardaespaldas de Roca, las placas de los coches sospechosos eran comprobadas para él tanto por agentes de la policía nacional como por un guardia civil llamado Javier Serrano y un policía local de Marbella, Alfonso Mendoza. Hachuel reclamó incluso información judicial y laboral de algunas personas que entraron en contacto con las empresas de Roca. En su testimonio, el asesor de seguridad declaró que los agentes realizaban estas gestiones para él por una relación de amistad.
El colaborador del CNI montó en un año y dos meses un completo sistema de seguridad con el preciado confidente como centro. Hachuel se encargaba incluso, según su auto de procesamiento, de actuar como correo para los envíos dinerarios de Roca. El ex sargento de la Guardia Real –que mantiene un sueldo de 1.300 euros de la institución– acompañó a Óscar Benavente hasta la nave de Ismael Pérez Peña en Getafe, donde el testaferro de Roca recogió dos millones de euros en sendos archivadores. La policía interceptó el envío y lo camufló como una operación rutinaria para estimular las conversaciones entre los eslabones de la cadena de corrupción en Marbella.
Fuentes judiciales definen a Hachuel como una persona leal y comprometida con el Estado hasta el punto de que propusieron un contacto con el guardaespaldas para conocer de primera mano los negocios de Roca antes de las primeras detenciones. A cambio, la policía buscaría una salida airosa para el colaborador de CNI, que tras su declaración quedó en libertad sin fianza.
Estaba el CNI detrás de todo esto, estaría enterado de las fechorías de Roca desde el primer momento. Qué pensais
Cuando comenzaron las escuchas a Juan Antonio Roca, principal imputado en la Operación Malaya, la policía no podía creerlo. La señal de sus conversaciones era incomprensible. El aparato de grabación registraba un simple zumbido y las conversaciones más jugosas –aquellas entre Roca y su círculo de confianza– quedaron fuera de la investigación. Tras consultar a varios expertos, los agentes llegaron a una conclusión: las llamadas estaban encriptadas con un avanzado sistema de seguridad. Algo no encajaba.
Los esfuerzos policiales se centraron en identi_ car al culpable del sistema de contravigilancia. Pero la respuesta fue sorprendente. Según ha podido saber interviú, agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encuentran tras el operativo ideado para resguardar al capo de Marbella de las investigaciones policiales. Roca era un confidente pata negra y coqueteó con varios cuerpos de seguridad. Al final, se quedó con el servicio secreto. Su información era vital para controlar el submundo de la Costa del Sol, plagado de grupos mafiosos y traficantes. Pero sus servicios tenían un precio. Para que el grifo de información no se cortara, fue necesario que Roca siguiera en activo. Así que el CNI le blindó.
En el grueso del sumario, más de 4.000 folios desclasificados, no aparece ni una sola conversación telefónica entre Roca y sus principales testaferros –Óscar Benavente, Salvador Gardoqui y Montserrat Corulla– pese a que el cerebro del caso Malaya daba instrucciones a sus subordinados de forma regular. Además, el sistema de codificación empleado por Roca y su entorno es inviolable por las escuchas judiciales, que dependen directamente de las grabaciones realizadas por las operadoras telefónicas. Las pesquisas se centraron entonces en las conversaciones entre los hombres de confianza de Roca y otros eslabones de la cadena sin medidas de seguridad: trabajadores, empresarios y los concejales del Ayuntamiento.
Ligado al CNI
Jaime Hachuel Fernández fue identificado desde el primer momento como el jefe de seguridad de Roca. El cerebro de la Operación Malaya se refería a su guardaespaldas como el coronel. Pero nunca alcanzó ese rango. Este sargento de la Guardia Real en excedencia colabora desde hace años con el CNI. Según fuentes judiciales, su relación con el servicio de inteligencia depende directamente del o_ cial de enlace en Marbella, un inspector llamado Tomás R. Este policía adscrito al CNI y que trabaja junto al agente Iñaki, es el encargado de los operativos de la inteligencia española en toda la Costa del Sol. Tomás R. ha trabajado en Fuengirola y Torremolinos, y participó en la operaación de seguimiento de los tres miembros del IRA que fueron abatidos en Gibraltar por las fuerzas británicas en 1988.
Las mismas fuentes constataron durante la instrucción que las relaciones de Hachuel con el CNI van más allá de las cuestiones de seguridad vinculadas con Roca. Una de sus funciones en este operativo fue la de comprar el sistema de secrafonía –encriptación telefónica– destinado a salvaguardar a Roca de las escuchas judiciales. Para ello, Hachuel acudió a la empresa Blanch Internacional Asociados (BAI), una _ rma de Aravaca ligada a La Casa, sobrenombre con el que los agentes del servicio secreto conocen al CNI.
El encargado de la seguridad de Roca aseguró tras se detenido que contactó con BAI en una feria especializada y compró los secráfonos por orden de su jefe. Según ha podido saber interviú, BAI es uno de los principales proveedores del servicio secreto en sistemas de escucha y radio-frecuencia. Además, cuenta con seis compras de material en dos años, clasificadas por la Administración Pública “de naturaleza reservada”. El 15 de diciembre de 1999, la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa compró a Blanch Internacional un sistema de proyector de blancos térmicos por 262.642 euros. En agosto del pasado año, la Armada adquirió a la misma sociedad material de localización de blancos y dirección de tiro por valor de 649.000 euros.
El Registro Mercantil arroja que la BAI, registrada con un objeto social ambiguo y en el epígrafe de Transporte por carretera, está controlada por María José García Blach y sus dos hijos, Pablo y Astrid Buhigas García. Pero otro nombre subyace en la sociedad: Carlos Buhigas Viqueira. Este empresario, conocido por moverse con soltura entre las intrigas del servicio secreto, aparece como enlace de BAI en el mercado internacional y fue testigo en el juicio por las escuchas ilegales del Cesid a personalidades, políticos y periodistas de 1983 a 1991. Buhigas fue el encargado de suministrar el material técnico para las grabaciones de los espías españoles. En la instrucción del caso, el empresario declaró que desconocía el destino final de su material, que sirvió incluso para intervenir las conversaciones del Rey.
Rutina militar
Blanch Internacional proporcionó a Hachuel un sistema de encriptación denominado Cripto. El método, que cuesta 4.000 euros por terminal, es empleado por altas personalidades de la política como el ex canciller alemán Gerhard Schroeder. Roca adquirió ocho teléfonos por 72.000 euros, que fueron entregados a sus hombres de confianza, al abogado encargado de sus negocios y a su mujer. Las conversaciones más trascendentales de Roca quedaron blindadas contra oídos ajenos, incluso para las escuchas policiales. La misma empresa suministró a Hachuel otros sistemas de contra-vigilancia, como un rastreador de sistemas de balizamiento para vehículos y un detector de pinchazos analógico.
Los agentes encargados del seguimiento de Juan Antonio Roca se encontraron al capo de Marbella sumergido en una rutina militar. Era común que cambiara de trayecto en sus desplazamientos y que las matrículas fueran comprobadas con diligencia por Hachuel a la mínima sospecha. Los coches y las personas encargadas del operativo camuflado tenían que rotar cada poco tiempo para evitar los métodos de defensa de Roca.
En su declaración ante el juez Santiago Torres, encargado de la instrucción de la Operación Malaya, Jaime Hachuel reconoció contactos con varios cuerpos de seguridad del Estado. Según el guardaespaldas de Roca, las placas de los coches sospechosos eran comprobadas para él tanto por agentes de la policía nacional como por un guardia civil llamado Javier Serrano y un policía local de Marbella, Alfonso Mendoza. Hachuel reclamó incluso información judicial y laboral de algunas personas que entraron en contacto con las empresas de Roca. En su testimonio, el asesor de seguridad declaró que los agentes realizaban estas gestiones para él por una relación de amistad.
El colaborador del CNI montó en un año y dos meses un completo sistema de seguridad con el preciado confidente como centro. Hachuel se encargaba incluso, según su auto de procesamiento, de actuar como correo para los envíos dinerarios de Roca. El ex sargento de la Guardia Real –que mantiene un sueldo de 1.300 euros de la institución– acompañó a Óscar Benavente hasta la nave de Ismael Pérez Peña en Getafe, donde el testaferro de Roca recogió dos millones de euros en sendos archivadores. La policía interceptó el envío y lo camufló como una operación rutinaria para estimular las conversaciones entre los eslabones de la cadena de corrupción en Marbella.
Fuentes judiciales definen a Hachuel como una persona leal y comprometida con el Estado hasta el punto de que propusieron un contacto con el guardaespaldas para conocer de primera mano los negocios de Roca antes de las primeras detenciones. A cambio, la policía buscaría una salida airosa para el colaborador de CNI, que tras su declaración quedó en libertad sin fianza.
Estaba el CNI detrás de todo esto, estaría enterado de las fechorías de Roca desde el primer momento. Qué pensais