Abro con noticia de hoy de Zuloaga:
Un informe policial revela que Carlos G., que tendrá que declarar ante Garzón, preveía que implicar a un dirigente nacionalista le pasaría factura por los riesgos «políticos»
El jefe policial del «Faisán» temía ser «crucificado» por ir contra el PNV
16 Febrero 10 - Madrid - J. M. Zuloaga
El informe, elaborado por un superior de Carlos G., subraya que no informaba a sus mandos de lo que ocurría.
El jefe de la operación destinada a desmantelar un entramado de cobro del «impuesto revolucionario» de ETA, el funcionario con número 16.586, identificado por varios medios como Carlos G., era reticente a realizar dicha operación por los «riesgos políticos» que conllevaba, según un informe de la Dirección General de la Policía. Este mismo funcionario fue el encargado de realizar la investigación sobre un supuesto «chivatazo» a la banda en el llamado «caso Faisán», en la que señaló a otros agentes como posibles culpables.
Riesgos políticos
Según han revelado a LA RAZÓN fuentes jurídicas, el informe, de 15 de mayo de 2006, elaborado por el funcionario con el número 13.610, fue incorporado a las diligencias sobre el supuesto «chivatazo» que instruye el juez Baltasar Garzón.
En concreto, se refiere a la actuación de Carlos G. durante el 3 de mayo de 2006, víspera de la acción contra ETA y de la posible delación. Se asegura que fue «reticente en diversos momentos a la realización del servicio argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».
La Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, se basó en este informe para pedir la declaración de Carlos G., lo que ha sido aceptado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el auto que fue hecho público ayer.
El informe detalla las mencionadas reticencias que comienzan a las 9 de la mañana del día 3, cuando Carlos G. pensaba que no iba ser autorizado para llevar a cabo la operación. En el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la operación, y en presencia del magistrado de enlace francés, «manifestó en diversas ocasiones que era un asunto muy gordo. Tras abandonar el Juzgado, comentó que tanto él como el funcionario firmante de este informe, iban a salir crucificados por las implicaciones políticas». El funcionario 13.610 ocupaba en esos momentos un alto puesto en la Comisaría General de Información. Acudió con Carlos G. ante Grande Marlaska a preparar la operación aunque se queja de que, pese a ser superior, no era informado de todas las gestiones que éste realizaba.
El supuesto «chivatazo» consistió, según una conversación grabada a Joseba Elosúa, dueño del bar «Faisán», en su automóvil, en la advertencia que le habrían hecho personas que él identifica como policías sobre una operación en la que iba a ser detenido él mismo y un etarra.
El terrorista tenía que pasar desde Francia a recoger nueve millones de pesetas que había pagado un empresario extorsionado por la banda. Elosúa hacía desde hace años la labor de «mediador».
En un segundo informe, elaborado el 12 de julio de 2006, se identifican a las personas que tuvieron conocimiento de la información que habría sido facilitada a Elosúa para acreditar la condición de policía de quien le estaba dando el «chivatazo».
Secreto y restringido
Se trataba de datos de la investigación previa que habían realizado las Fuerzas de Seguridad sobre el entramado para el cobro del «impuesto revolucionario» y que, dado su carácter secreto y restringido, muy pocos conocían, entre ellos Carlos G. El autor del informe se queja de que, nuevamente, no dio cuenta en tiempo real a sus superiores de lo que ocurría, a pesar de tener conocimiento de lo que se estaba grabando en el automóvil de Elosúa por los policías que controlaban el dispositivo.
Hay un dato importante que se revela en el informe y es el de las conversaciones que Carlos G. mantuvo el día 4 de mayo con el comisario francés coordinador por la parte gala del equipo común de investigación que iba a realizar la operación contra ETA. Elosúa, pese a haber recibido el supuesto «chivatazo» y saber que podía ser detenido en cualquier momento, en vez de huir, viajó a Francia para entrevistarse con el etarra que debía haber venido a España a recoger los nueve millones. En una primera conversación, «muy intensa», Carlos G. exigió a las Fuerzas de Seguridad galas que intervinieran, a lo que éstas se negaron, ya que no había garantías de que Elosúa transportara el dinero. En la segunda conversación, que se desarrolló en «términos muy violentos», tuvo que mediar el propio juez Fernando Grande-Marlaska, que pidió la intervención francesa y se le explicó que había sido la propia jueza antiterrorista gala, Laurence le Vert, la que había dado la orden de no actuar. De lo ocurrido, Carlos G. no informó a sus superiores hasta las 21:30 horas de la noche, pese a que sus jefes intentaron ponerse en contacto con él para que les explicara lo ocurrido dado el malestar que había originado en la parte francesa.
Un auténtico galimatías para cualquier lector pero que el autor del informe aclara con una gran lógica policial: «teniendo en cuenta que Elosúa ha sido contrabandista y que tenía conocimiento de la operación judicial, así como que el mismo era objeto de vigilancia policial, no resulta lógico pensar que se arriesgara a llevar a ese viaje ningún documento o material incriminatorio. Ante este planteamiento, no tiene mucha lógica la actuación del Inspector Jefe (Carlos G.) exigiendo la actuación francesa, a sabiendas de la filtración producida y menos en los términos en los que parece que se produjo». http://www.larazon.es/noticia/8321-el-j ... tra-el-pnv
