Impuesto Revolucionario, cartas de extorsión

Herriko Tabernas, Impuesto Revolucionario, Intermediarios en el cobro, Aportaciones Varias...
pagano
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Mensaje por pagano » 15 Ago 2007 21:37

sino a la propia familia.

Eso esta en el modus operandi de ETA desde hace años porque así se socializa el miedo (les mete el miedo a los familiares, especialmente esposas, hijos) y así estos familiares presionan al extorsionado para que amoque la chusca.

Zigor
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Mensaje por Zigor » 16 Ago 2007 00:44

Lo de que la Izquierda abertzale pase las listas del censo que legalmente se les ha otorgado en su momento es algo bien asumido como cierto dentro de la estrategia global del mundo de ETA, que funciona como un todo organizador de muchas partes con aparente libertad e independencia de movimiento. Pero a la vez resulta siempre algo difícil de demostrar, porque es muy sencillo decir que unos y otros simplemente coincidan en sus pensamientos, cuando los mismos están orquestados por la misma "asamblea".

No me sorprenderá, como ya he comentado en otros post, que la banda tenga gente especializada en cruzar estos datos que obtienen con otra serie de datos a los que pueden tener acceso, como son listines telefónicos, etc, etc.

Tras la penúltima tregua finalizada (sabemos que en toda tregua los terroristas se han crecido, renovando estructuras, y si bien desde sectores políticos constitucionalistas se suele decir que la tregua de ETA tiene por objetivo rearmarse, descansar y coger fuerzas, personalmente, analizando los datos, estimo que la tregua inicialmente es tal, porque el sector proclive a una solución negociada no muy lejana en el tiempo logra que la banda acceda a una tregua, pero el sector más violento aprovecha la situación para fortalecerse ante una posible ruptura de la tregua (a sabiendas de que si dicha tregua se rompe será porque ellos pongan mano en el asunto)) recibí la información de que ante la nueva oleada de cartas, los empresarios que tenían intención de pagar, se encontraban con verdadera trabas a la hora de localizar el método ó ponerse en contacto con los emisarios (se les indicaba que se pusieran en contacto por el método habitual) y tras dichas dificultades se solían comunicar con los cargos electos de la izquierda abertzale de sus localidades, recibiendo en muchos casos actitudes esquivas, bien a modo de táctica de despiste para los investigadores policiales, ó bien a modo de verse sorprendidos por un cometido que hasta entonces no habían asumido, por el riesgo de romeprse la discreción de una acción tan delicada como es quedar a pagar-cobrar una cantidad por extorsión etarra.

No sé cómo estará dicha situación ahora, máxime cuando con el tiempo han caído algunas estructuras de cobro del impuesto revolucionario, y los etarras estarán cada vez más paranoicos en ese sentido.

Además en la cultura del terror que generan, quién es el guapo que permite que los cuerpos de seguridad le sigan en el momento en que abona el impuesto? seguro que es más "peligroso" para un empresario pagar a ETA a la vez que se sirve de utilidad en el desmantelamiento de la actual red de extorsión que pasar olímpicamente de las misivas y no pagar.

Es un tema sumamente delicado, si ninguno pagara sería más fácil todo, la penuria económica sería de lo más útil para estrangular a la serpiente, necesita mucho dinero para mantener a sus miembros fichados por la policía, si falta ese dinero les veo atracando bancos, es decir facilitandonos muchísimo la oportunidad de que caigan en manos de la Policía.

Brindaré por una cercana grapización de ETA.

pagano
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Mensaje por pagano » 16 Ago 2007 14:12

Brindaré por una cercana grapización de ETA.

Por cierto, esta semana, la directora general de Instituciones Penitenciarias (Martín Gallizo), se ha apuntado a esa definición, siendo muy criticada por los sindicatos de la GC por restarle importancia a ETA. También debe de tener mucho cuidado dicha señora, pese al buen rollito que siente hacia el entorno etarra con una posible grapización o incluso por el GRAPO, ya que un antecesor suyo, Jesus Hadad, fue asesinado por el GRAPO.

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Esteban
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Mensaje por Esteban » 16 Ago 2007 14:41

Sobre cómo se accede a los datos (algo ya discutido en este foro)

ETA cruza datos del censo electoral con Registro Mercantil y padrón para intimidar más a los empresarios que extorsiona

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda terrorista ETA utiliza el censo, el registro mercantil y el padrón para obtener los datos que luego utiliza para chantajear a los empresarios vascos y navarros y pedirles el llamado "impuesto revolucionario".

Según las fuentes consultadas por Europa Press, los terroristas cruzan los datos del censo electoral con los del registro mercantil y los que obran en el padrón municipal para recabar las direcciones a las que luego envían las cartas del "impuesto".

De esta forma, según los datos policiales, obtienen miles de direcciones a las que hacen envíos masivos. Estas cartas, en muchas ocasiones van dirigidas al empresario a la sede social de su empresa y también a su casa. A veces se la remiten a su mujer y en otros casos hacen constar en el remitente la dirección de alguno de los hijos que no vivan en el domicilio familiar.

Así consiguen dar la impresión, a muchos de los que las reciben, de que pueden estar controlados por la organización terrorista y les hacen levantar la sospecha, incluso, de que puede ser alguien cercano quien filtra los datos.

Sin embargo, en muchos casos, estos datos se obtienen cruzando los que obran en varios registros públicos, con los que consiguen direcciones para realizar envíos masivos, que además, suelen repetir varias veces, incrementando así la presión para conseguir que los destinatarios respondan.

Si estos lo hacen, la banda les pasa a una segunda lista en la que ya sí les tiene más controlados, por el hecho de que comienzan a pagar el chantaje al que les someten los terroristas.

Las fuentes consultadas precisaron que es muy difícil que la banda pueda controlar a todos los empresarios a los que envía cartas, entre otras razones, porque hay ocasiones en las que los envíos son muy masivos y porque también han abierto mucho el abanico, reclamando el impuesto a muchos profesionales liberales, además de los empresarios.

Esta suele ser, según las fuentes consultadas, la fórmula que utiliza ETA para intentar extorsionar y obtener fondos para la actividad terrorista.

El tono de las cartas que envía ha ido variando en función de la situación. Durante la última tregua, lo que la banda ha llamado "alto el fuego permanente", los terroristas no cesaron de enviar cartas, aunque el tono era "más amable", en el sentido de que pedían el dinero para colaborar en la resolución de lo que ellos llaman el "conflicto" de "Euskal Herría".

Pero tras la ruptura de la tregua, la banda ha recuperado el tono amenazante habitual, tratando de intimidar a los empresarios avisando de que si no pagan irán contra su persona y sus bienes.


El problema creo que está en el sistema normativo español que peca de buenismo. Cualquier idea, con que no apueste de forma expedita por la vía violenta, es válida, lo que permite a los enemigos del estado aprovecharse de todas las lagunas legales para obtener ventajas materiales en su campaña a largo plazo. Se echa en falta como en otros países europeos una legislación exclusiva de defensa del marco constitucional.

Bajo mi punto de vista, no debería ser condición necesaria para admitir legalmente a cualquier ideología, que ésta sea aparentemente no violenta. Debería exigirse el acatamiento y el respeto al marco constitucional.

Y si no les gusta, que ganen las elecciones y pongan en marcha los mecanismos de reforma constitucional.
Última edición por Esteban el 16 Ago 2007 18:25, editado 1 vez en total.
La necesidad permite lo prohibido.

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Mensaje por pagano » 16 Ago 2007 17:00

A lo que comentas (en lo que estoy totalmente de acuerdo), decir que España, si hubiera sido un nuevo país, surgido de la descolonización de los años 60 y 70, sería lo que se llama un estado fallido que normalmente lleva a una desintegración o a una eterna guerra civil.

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Mensaje por Esteban » 20 Ago 2007 12:06

Trabajo de Zuloaga sobre el "impuesto revolucionario" y los sindicatos radicales

Interior investiga el papel de los sindicatos proetarras en la trama del chantaje terrorista

Pequeños y medianos empresarios extorsionados «consultan» a los sindicalistas presentes en sus industrias - Las Fuerzas de Seguridad sospechan que facilitan información a la banda sobre la solvencia de las entidades

J. M. Zuloaga
MADRID- Las Fuerzas de Seguridad sospechan que los industriales extorsionados por ETA «consultan» a los miembros de los sindicatos del entramado de la banda presentes en sus empresas nada más recibir las misivas amenazadoras. Y que son algunos de estos individuos los que se ocupan de facilitar la información sobre la disponibilidad económica de la persona que va a ser chantajeada.

Se trata, según han reconocido a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, de un asunto difícil de investigar, pero se «está en ello». Se sabe que, en especial en las pequeñas y medianas empresas, se está produciendo este fenómeno. El hecho de que la banda haya incrementado, después de la ruptura del «alto el fuego», el envío de cartas con la exigencia del «impuesto revolucionario» lo convierte en algo «muy preocupante».

Los datos que ETA pueda sacar del censo electoral o de los anuarios mercantiles no son suficientes, y los terroristas prefieren ir «sobre seguro» a la hora de exigir una cantidad concreta al industrial chantajeado. Hay casos en que los sindicatos del entramado de la banda no están presentes en las empresas por las que se interesan los terroristas, pero, según las citadas fuentes, son los menos.

Doble efecto

La comunicación entre el empresario y el sindicalista, que forma parte de su plantilla, tiene el doble efecto de comprobar que la carta recibida procede de ETA y, de alguna manera, avisar de que se va a producir el pago del dinero. Ha habido casos, según las citadas fuentes, en que el industrial ha echado en cara al sindicalista la extorsión y la contestación ha sido la de que se trataba de un asunto que concernía al empresario y a la banda, y que si le pedían el dinero «sería por algo».

La investigación de todo lo concerniente al chantaje terrorista que ETA denomina «impuesto revolucionario» ha chocado siempre con la negativa de los empresarios que pasan a colaborar con las Fuerzas de Seguridad del Estado. La amenaza de la banda terrorista, contenida en la carta de extorsión, de que actuarán contra ellos, sus familias o sus bienes si avisan a la Guardia Civil, Policía o Ertzaintza, pesa tanto como la presencia en las industrias de esos miembros de los sindicatos proetarras que, en muchos casos, forman parte de los comités de empresa, y que la persona chantajeada visualiza como auténticos «vigilantes», lo sean o no.

La pertenencia de estos sindicatos al entramado de la banda, que todo el mundo conoce, les convierte, como en el anuncio de los zumos, en los supuestos «débiles» que juegan con la ventaja de tener un primo poderoso, temible, y que, además, en este caso concreto, destruye y mata.

Es una amenaza que nadie denuncia pero que existe y que contribuye, según comentan las citadas fuentes, a que muchos empresarios se sientan obligados a pagar el «impuesto». La alternativa es dejar el País Vasco o Navarra, y no todos lo pueden hacer.

Operaciones policiales

Este papel de los sindicatos proetarras en relación con el cobro del «impuesto revolucionario» se ha podido acreditar en alguna ocasión. En enero del año 1992, la Ertzaintza realizó una importante operación contra este entramado tras la que fueron imputados, al menos, un abogado y un miembro de LAB. En concreto, dos individuos, pertenecientes a los periódicos «Egin» y «Egunkaria», que se encargaban de cobrar a los empresarios, entregaban el dinero en la sede del sindicato en Rentería.

Miembros de dicho sindicato han sido detenidos en los últimos años en varias operaciones contra ETA, como José Luis Cereceda, en 1989, en la que permitió la desarticulación el «comando Araba». En el año 2003, el arrestado fue Roberto Saiz Olmo, el delegado de Sanidad de LAB, en una amplia operación contra el «comando Vizcaya».

La ilegalización de LAB hubiera sido, de haber ganado las elecciones el Partido Popular en marzo del año 2004, el siguiente paso de la operación que contra el entramado de la banda ETA se realizó durante el Gobierno de José María Aznar (con el apoyo del PSOE y de José Luis Rodríguez Zapatero) dentro de la que ha sido considerada por los expertos como la mejor política antiterrorista que ha tenido España en su historia.

La victoria del PSOE que, según se supo después, ya mantenía contactos con la ilegalizada Batasuna que cristalizaron en el llamado «proceso de paz» y la fracasada negociación con ETA, paralizó por completo la operación y dejó a LAB libre de la ilegalización.
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Mensaje por elder » 31 Ago 2007 23:16

Un poco tarde, pero me permito comentar esto:

Bajo mi punto de vista, no debería ser condición necesaria para admitir legalmente a cualquier ideología, que ésta sea aparentemente no violenta. Debería exigirse el acatamiento y el respeto al marco constitucional.


En el fondo estoy muy de acuerdo contigo, pero sería bastante problemático definir cuál es el punto exacto de acatamiento, en partidos que deseen modificar el orden constitucional.
De mi Dios vulneré diez mandatos, de mi Rey ninguno.

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Esteban
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Mensaje por Esteban » 31 Ago 2007 23:33

Creo que es el acatamiento a la letra de la CE, y no por "imperativo legal".
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Mensaje por Zigor » 01 Sep 2007 00:29

Pero la propia Constitución Española garantiza la libertad de expresión, con lo que no es válido que se obligue a nadie a renunciar a los objetivos de reformar dicha Constitución ó a querer un separatismo bajo pena de ilegalizarles un partido. Mi opinión política (aunque eso importa poco en este foro y en la lucha antiterrorista) es que España está genial como está, con unos autogobiernos regionales que ni se habían soñado por parte de las personas más nacionalistas de la época de la República, pero si hay gente que desea algunos cambios en la Constitución (hay mecanismos para ello) ó tiene ideas separatistas, es perfectamente válido y legal expresarlas, recordemos que ningún etarra cumple condena por ser separatista, ello no es delito, y en cambio si proclamamos que alguien cumpla condena (ó sea ilegalizado) por separatista estaremos dando la razón a la propia ETA que llama hoy en día "presos políticos vascos" a sus presos (una aberración más de la serpiente y su entorno, pero muchas cosas de estas son de consumo interno, para jalear a sus seguidores), y ello no se corresponde con la realidad democrática española. ¿Queremos que cuando digan que en España hay presos políticos vascos ó que se cierran medios de comunicación por expresar unas ideas ó que se ilegalizan partidos políticos por sus ideas separatistas ó contraconstitucionales TENGAN TODA LA RAZÓN? En España si se han cerrado medios de comunicación es por contribuir a una estrategia criminal conforme al Derecho, no por ser medios de comunicación, sino por delinquir como empresas, ó por emplear la palabra para señalar objetivos de ETA, amedrentar a personas ya amenazadas y diversos delitos (delitos, no opiniones). En España se ha ilegalizado un partido, y ciertas listas electorales, por incurrir en unos casos especificados en una ley de partidos buena pero que podrá mejorar aún más, que debe impedir el uso impune de unas estructuras políticas legales para fines de apoyo a estrategia terrorista y criminal (no impedir que el partido tenga las ideas que quiera).

Si a LAB también le debe tocar la hora de la ilegalización por actuar de manera análoga a Batasuna y en base a pruebas e informes periciales (ó resultados de actividades de espionaje legal) que se elabore una ley que englobe ello. Ya sabemos que el derecho se mueve normalmente más lento que la realidad, depende su evolución de las sesiones parlamentarias, y generar nuevas leyes que cuando estén vigentes sigan acorde con la realidad es difícil, pero no imposible.

La ley de partidos por ejemplo llegó muy tarde, porque que HB estaba burlándose de la sociedad española mediante estructuras políticas legales, haciendo de cobertura a todo el entramado es algo tan viejo como la propia Constitución Española.

Lo que hay es que hilar muy muy fino para definir cuáles son los motivos de ilegalización y las pruebas que se presentan para ello, porque ilegalizar a la ligera vulnera las garantías legales, y poner condiciones como el acatar "por cujons" (para que el que acata ponga la coletilla que dijo esteban de "por imperativo legal" y siga burlándose) lleva como he dicho a que tras una reflexión se piense: "pues va a ser que volvemos a estar en una España de pensamiento único, como cuando Franco".

El exconsejero de interiro Atutxa ya dijo en su día ante la virulencia de la kale borroka que se había de reclamar de la ley una de dos cosas con organizaciones que existían pero que no estaba registradas en ningún sitio como Jarrai, y era que ó se le obligaba a registrarse jurídicamente, para que sus acciones tuvieran unso responsables a los que "agarrar" y que afrontaran los posibles delitos cometidos, ó bien se la ilegalizaba para que fuera delito la sola firma como jarrai realizada por alguien en una pared, ó la entrega de panfletos ó realización de reuniones en centros juveniles (estudiantiles normalmente), pero que era la ley la que tenía que reaccionar estableciendo mecanismos para no tener que poner en la calle a los dos días a ciertos individuos. Pues lo mismo con ver durante muchos años a los de HB "festejando" cada atentado de ETA sin mayores consecuencias para ellos. Que se hubiera definido como delito "festejar" un atentado de ETA hace tiempo, pero no el decir "pues yo me siento más o menos vasco ó más o menos español".

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Mensaje por Esteban » 01 Sep 2007 10:15

Eso no es incompatible con lo que yo digo, Zaldun. Es más, es a lo que voy. La CE protege la libertad de expresión (si bien
ésta no es ilimitada; por ejemplo, está en el TC el recurso de amparo de CEDADE contra la prohibición por el Cód Penal del revisionismo en el tema del holocausto judío, por ejemplo), pero también establece cuáles son los procedimientos para su reforma, y llegar a un estado federal, confederal, republicano, asimétrico o mediopensionista, según las mayorías que se formen. Y con posibilidades, obligatoria en el caso de reformas fundamentales, o a criterio del 10% de senadores o diputados, si estas reformas son menores.

Por eso, como en otras constituciones europeas, habría que potenciar más los mecanismos de defensa de la CE frente a actividades desleales o desafíos abiertos, como el que planea Ibarretxe.
La necesidad permite lo prohibido.

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