Blackwater / Xe / IDS / Academi - R2

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Blackwater / Xe / IDS / Academi - R2

Mensaje por Loopster » Mié Ene 10, 2007 12:57 pm

Mudando el post desde el foro viejo....


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Pasado:

Blackwater fue fundada en 1997 por Erik Prince, un ex-SEAL realmente podrido de dinero . Terminó la universidad en 1992 y se unió a la Armada, presentándose a los SEAL al año siguiente, sirviendo como miembro del Team 8 en Haiti, Oriente Medio y Bosnia, entre otros lugares. Al terminar su carrera en 1996, y con los 1.000 millones de dólares que su padre le dejó en herencia (vendió la patente de los espejos con luz que van en los parasoles de los coches ), Prince contactó con varios compañeros entre los que estaban Gary Jackson y Bill Mathews de los SEAL, y Chris Taylor, un Force Recon. Vieron un vacio en el campo del entrenamiento especializado para unidades policiales, y contaban con un amplísimo listado de personal con la experiencia y las habilidades para entrenar a aquellas unidades o a civiles que lo demandaran.

Los servicios que Blackwater prestaba hasta 2001 eran cursos, bien de tiro de pistola, instructor de tiro, entrenamientos force-on-force para unidades SWAT contra antiguos miembros de operaciones especiales, o defensa personal.

A partir de ese año comenzaron las Blackwater Academy, donde un grupo de excomandos, todos llegados por medio de recomendaciones personales (hoy día también con el formulario on-line) pasan diferentes exámenes y comienzan un curso de combate en zonas urbanas, protección de VIPs y operaciones de seguridad y defensa en sus instalaciones de Moyock, Carolina del Norte. Un dato, en 2006 se aceptaron en total 43 personas para afrontar el curso, 29 lo pasaron, en el último fueron 9 de 19, parece casi la tradición SEAL de un 60% de excluidos.

Inmediatamente llegaron los contratos, al parecer a raiz de un primer black contract establecido con la CIA en 2001, donde estuvo involucrado el famoso Victor Bout, el tráfico de armas, la infiltración de los primeros operativos en Afganistán y el seguimiento al oro talibán en su salida hacia Sudán y Yemen. A partir de este momento Blackwater se hace con los servicios de Presidential Airways en exclusiva, una empresa de aviación en blanco (solo existía en el papel) pero relacionada con Air Bass y Air Cess, otras tapaderas del famoso traficante kazajo.


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(El N963BW, involucrado también en los vuelos de la CIA)


Uno de los primeros contratos fue para proteger a Karzai, que a su vez contaba con una escolta del DEVGRU (unidad antiterrorista de los SEAL), actualmente protegido por Dyncorp. La misión más conocida de Blackwater era la protección de Paul Bremer, administrador de la Autoridad Provisional de la Coalición y máximo lider civil en el Irak ocupado. Esto sacó a Blackwater del anonimato en el ámbito de las PMCs, que en esos momentos (2003) eran basicamente o mercenarios fuera de la ley o escoltas de muy alto riesgo.

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(Escolta de Bremer en Irak, 36 hombres y 3 helicópteros)

La inyección económica para Blackwater fue increible, compraron decenas de vehículos blindados de los stocks sudafricano y británico, helicópteros Hughes 500 y Mi-8, aviones C-212 y Embraer 120,... se equiparon como un ejército en cuestión de 3 meses. Se estima que el coste anual para el Gobierno Estadounidense por emplear a Blackwater en 2003 fue de 500 millones de dólares, solo en Irak. Chris Taylor ha admitido que entre 2002 y 2003 ya operaban en Afganistán, Filipinas y Azerbayán.

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(Parte del material con que Blackwater se mueve en Irak)

En Azerbayán cumplieron un contrato de 162 millones de dólares para entrenar a una unidad especial naval, la Unidad 641, especializada en reconocimiento anfibio, VBSS y captura de plataformas petrolíferas.

Es entre 2002 y 2003 cuando la compañía crece, con sus diferentes divisiones:

* Training
* Target System (con nuevos sistemas como casas de tiros)
* Security Consulting
* K-9
* Aviation (con Presidential Airways y varias subsidiarias más)
* Raven Construction (logística y construcción en zonas peligrosas, construyendo ahora la meabase en los terrenos libres de Moyock)

Estas divisiones son mantenidas con nuevas compras y un gigantesco aumento de plantilla, así como la creación de nuevos campos de tiro y entrenamiento en la gigantesca propiedad de Erik Prince.

Blackwater se mantenía como una PMC "modélica" hasta Marzo de 2004, cuando los contratistas Stephen S. Helvenston, Michael Richard Teague, Jerko "Jerry" Zovko y Wesley-John Kealoha Batalona, cumpliendo una misión de escolta de un convoy de alimentos, son atacados en Fallujah. Sus cuerpos mutilados y quemados fueron mostrados a a las cámaras imitando la escena de Octubre del 93 en Mogasdicio, el cuerpo de Helvenston colgaría luego del puente de Fallujah. A raiz de esto los Marines lanzan una ofensiva total a la ciudad, feudo de la insurgencia sunní, y tras tomarla y controlarla bautizan el puente como "Blackwater". Este acontecimiento atrajo la atención de los medios hacia la compañía, tildándola de mercenarios y provocando la ruptura de varios black contracts que había pendientes, al parecer en el Cuerno de África.



Una investigación de porqué esos cuatro hombres estaban allí en un vehículo sin blindaje ni marcas (los de Blackwater son todos de marcado aspecto militar) y porqué no aparecía el camión de comida que se suponía que protegían hizo sospechar a muchos de que se encontraban en una operación ofensiva, o tratando de obtener una recompensa por un lider insurgente.


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Hasta aquí el pasado de esta misteriosa "empresa", si alguno puede, que se pille el Raids Bors-Série sobre las PMCs, es un trabajo soberbio.

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Mensaje por Loopster » Mié Ene 10, 2007 4:30 pm

Presente:


Blackwater tiene presencia militar-policial en Irak, Afganistán, Azerbayán, Jordania, Filipinas, EEUU y un país no identificado del Golfo de Guinea (pero que apuesto a que es mi adorada Guinea Ecuatorial).


Irak y Afganistán son las principales fuentes de ingresos para la actividad de la empresa, los contratos para proteger a la CPA, la Green Zone, al antiguo contrato de protección a Karzai -en manos ahora de Dyncorp- y el contrato de Presidential Airways para transportes logísticos hacen a estos dos paises los focos de atención para la empresa.

Pero en Jordania tienen un contrato privado de entrenamiento para las fuerzas especiales del país, este contrato lo consiguió según algunas fuentes por Cofer Black, director de contraterrorismo de la CIA durante el 11S y que dimitió después del fracaso de Tora Bora y la huida de Ben Laden. La CIA habia gastado cientos de millones en entrenar a las fuerzas especiales jordanas en un estándar estadounidense, con el fin de que en caso de islamización del país, guerra civil, o conflicto regional -dentro de lo que algunos analistas llaman La Tormenta Perfecta como futuro para Oriente Medio- estuvieran del lado norteamericano. Cuando Cofer Black dejó la CIA el contrato se mudó a empresas civiles, apareció la conferencia anual SOFEX y Jordania se convirtió en el escaparate internacional de las PMCs. Se estima que al menos 40 instructores se encuentran en Amman y diferentes localizaciones de Jordania de forma continuada.

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(Equipo de seguridad para Rumsfeld, 26 operadores)

En Filipinas tuvo que activarse un MST, Mobile Security Team, en 2003, tras un incidente no aclarado con empresarios americanos en zonas controladas por el FMLN.


En EEUU el golpe de fortuna llegó con el Katrina, el FEMA (Federal Emergency Management Agency), usó su autoridad para casos de catástrofes que tiene para olvidar las "mejores ofertas" y reclamó un equipo de protección para sus funcionarios en la zona de Nueva Orleans. El costo era de 243.500$ al día. Los equipos de seguridad efectuaban rondas por la ciudad en sus 4x4 con el logo de la empresa en las puertas, ahuyentando a los saqueadores y efectuando decenas de arrestos civiles (una potestad de los civiles americanos) que los agentes de Homeland Security atestiguaban una vez en su base, Camp God (Campamento Dios, debido a que eran terrenos de un antiguo telepredicador).

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(Hotel en Nueva Orleans donde se alojaba parte del personal de FEMA, la bandera de Blackwater bastaba para alejar a los saqueadores)

La experiencia llevó a Blackwater a formar una subdivisión que tomaba elementos de sus divisiones Security y Logistics, surgiendo Domestic Operations, dirigida por Seamus Flatley, antiguo piloto de la US Navy.

El centro de Moyock ha crecido exponencialmente, y Presidential Airways está mudándose de su base en Florida a las nuevas instalaciones que Raven Development está construyendo en Carolina del Norte. La flota de aviones es ahora de más de 30 aparatos, la de vehículos supera los 3 centenares. Los operadores en activo rondan los 1000, y el grupo de instructores es de unos 160-170. Blackwater ha incrementado un crecimiento del 700% en solo 5 años.


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(Aspecto del centro en Moyock en verano de 2006, la mala calidad es debido a que sale de un PDF)
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Mensaje por kilo009 » Vie Ene 12, 2007 9:47 pm

Ya nos gustaría aquí una base de esas dimensiones y con esos medios para que las FOE's civiles y militares tuvieran un punto de encuentro para practicar doctrina.
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Mensaje por Loopster » Vie Ene 12, 2007 10:47 pm

El centro de Moyock es grande, pero Blackwater ha abierto una sucursal en Mount Carrol, Illinois llamada Blackwater North, con una extensión de 80 acres, unas 200 hectáreas, con su torre de escalada y rappel, escenario de combate urbano, 9 campos de tiro y área de "curso de confianza", que supongo será un escenario urbano de fuego real.

También han estado involucrados con su división Target System en la creación de una miniciudad para los SEAL, a imagen y semejanza del uso combinado que hacen en Moyock del área urbana y el lago para ejercicios de asalto anfibio y naval.

Y bueno, la base que maneja su filial Greystone en Irak es gigantesca, ¡una base aérea de MiG entera! Sin contar los planes para Subic Bay y el centro que diseñan para California. :shock:


Mañana más, incluidas fotos del Mamba Team y usando armamento pesado (muy muy pesado, jeje).
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Mensaje por Loopster » Sab Ene 13, 2007 4:37 pm

Futuro:

Blakwater anunció a través de su vicepresidente Cofer Black que estaban en disposición de ofrecer a la ONU, el DoD, OTAN y "organizaciones estatales legítimas" una entidad de tamaño brigada para operaciones de mantenimiento de la paz y lucha antiterrorista.

Resumen de la intervención de Cofer Black en SOFEX:

J. Cofer Black, vice chairman of Blackwater USA, astonished special forces representatives gathered here from around the world with a proposal to use his company as an army for hire for the world’s secondary battles.

“It’s an intriguing, good idea from a practical standpoint because we’re low-cost and fast,” he said March 27 during the Defense News 2006 SOFEX Conference here. “The issue is, who’s going to let us play on their team?” Black said he struck upon the idea about a year ago after watching several populations suffer because no country was willing to go in and help. He used the Sudan as an example.

“About a year ago, we realized we could do it,” he said. “I just got tired of watching people not really do anything. It’s heartbreaking.”

Black said he already has pitched the idea of providing security for people in countries with well-defined threats in non-urban areas, saying Blackwater has no business participating in military operations such as Anaconda. Though he would not say specifically whom he has talked to, Black said he talked with U.S. military and NATO officials.

He said he does not intend to compete with military forces, but that big operations tend to get mired down in NATO decision-making processes, logistical support and the costs of moving big groups of people.

“I believe there is a contribution to be made by a small force,” he said, noting Blackwater could have a brigade-size peacekeeping unit at the ready at all times.

After his speech, contractors from other companies immediately surrounded Black to find out how they might contribute, but he said Blackwater is fully self-supported, providing its own training, medical support, sanitation, and food and water supplies.

“All of you have traveled around the world and you’ve seen the heartbreak,” he said. “Blackwater spends a lot of time thinking, ‘How can we contribute to the common good?’ ” He said the company would want to make a profit, but the small force would still be cheaper than bringing in joint forces.

To be successful, he said they would have to abide by the following guidelines:

å Keep expectations realistic.

å Build off their successes.

å Monitor the program.

å Be opportunistic.

å Be willing to take risks.

“There is clear potential to conduct security operations at a fraction of the cost of NATO operations,” he said. “It is unusual, and that’s why I’m raising it. This is not what you do if your objective is more money.”

Blackwater is staffed primarily by former special forces soldiers, as well as former members of the CIA and FBI, Black said, calling his employees the “former colleagues” of those attending the SOFEX conference.

By providing a small force that pinpoints troubled areas and lends humanitarian aid in countries the regular military doesn’t have resources for, Black said the government could contract out stability. Areas without security cannot have political stability, he said.

“We’ve war-gamed this with professionals,” he said. “We can do this.”

Politically, Black said he understands the proposal is a potential minefield.

“We’re an American company,” he said. “We would get the approval of the U.S. government for anything we did for our friends overseas.”


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Blackwater se expande con alianzas, además de Greystone (filial de seguridad mucho más militarizada que la romántica imagen del high-speed operator) y Presidential Airways, la estructura empresarial queda de la siguiente manera:

* Prince Group con Alexander Strategy Group como RRPP.

· Blackwater Divisions
- Training Center
- Target Sistems
- Security Consulting
- Canine
- Maritime
- Armor
- Airships
- Raven Development Group
- Gear
- Parachute Team
- Domestic Operations


· Aviation Worlwide Services
- Presidential Airways
- Air Quest
- STI Aviation, Inc.


· Spartan Security

· Greystone
- Relacionada con un número indeterminado de subcontratas iraquíes, jordanas, fiyianas,...


Esta ampliación convierte a Blackwater en la mayor compañía militar privada de la historia que se registra abiertamente como tal. Executive Outcomes y Sandline disponían de menos medios de los que tiene ahora Blackwater y se movían a un nivel mucho más clandestino. Las empresas "rivales" de Blackwater como Triple Canopy, MPRI o Northbridge siguen dependiendo de que los gobiernos para los que trabajen dispongan de medios para emplear tales como blindados, aviones de carga pesada o armamento, Blackwater puede LEGALMENTE almacenar y disponer de un numero indeterminado de armas y vehículos, y es cliente preferente en las subastas de material militar, quedando por encima de fuerzas de seguridad estatales o locales a la hora de adquirir vehículos como Hummves o APCs.

Al inicio de las operaciones de PMCs en Irak una de las restricciones aceptadas era que el armamento quedaba restringido a rifles de asalto, subfusiles, escopetas y pistolas. La similitud entre un SR-25 y un M-16A4 hizo que los equipos de snipers fueran autorizados menos de un mes después de que la CPA se instalase, a continuación se permitieron las ametralladoras tipo Minimí, y el empleo de armas como los RPK y PKM se dejaban pasar sin estar legalmente admitido su empleo.

Tras los primeros combates realmente duros los contratistas llevaron sin límite lanzagranadas como el M-203 o ametralladoras pesadas. Pero a veces se pasaban.... :twisted:

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Y el resultado del empleo de esta clase de armas fue:

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Las normas iniciales prohibían los uniformes militares para los contratistas privados. Cada Team Leader indica que vestuario se lleva, pero los monos de Nomex y el camuflaje son cada día más habituales, llegando al caso de que Blackwater dispone de uniformes MultiCam, aún en fase de evaluación para el Army y usado por muy pocas unidades especiales. Dentro de la particular relación con las fuerzas especiales jordanas, la misma marca que ha provisto de camuflaje a estos -HyperStealth- ha presentado diseños de camuflaje digital para los vehículos Grizzly.

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Según declaraciones oficiales de Blackwater, hay en activo más de 2000 empleados desplegados en ultramar, y 12000 más dispuestos a entrar en combate de inmediato o tras un curso de refresco de dos semanas en alguna de las instalaciones que tienen. Sus propios aviones, sus propios helicópteros, sus propios uniformes, sus propias armas (diseñadas en exclusiva por HK y SigSaur), su propia cadena de mando.

Esta es la cara menos pública de Blackwater, la oficial es la de los tipos duros que no quieren vivir en las casas de vallas blancas y desean el lado difícil de la vida, los ositos de peluche con el logo de la garra de oso, el patrocinio de equipos de instituto, los cursos de selección gratuitos para exSEAL y los saltos paracaidistas sobre estadios.

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Un Executive Outcomes con souvenirs...
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Mensaje por kilo009 » Sab Ene 13, 2007 4:57 pm

A esta gente se le suele pagar según el poder adquisitivo de el país de origen de donde provengan, siempre con extensos sueldos pero no igual entre todos los operativos.

No pagan igual a un ex-SEAL que un ex-GAR que a un ex-SF sudamericano.

Sobre la participación como contratas prestando servicios a organismos multinacionales: http://w-next.typepad.com/fog/2006/05/o ... g_pea.html Creo que la oferta inicial para participar en este tipo de misiones se hizo en Jordania.
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Mensaje por Esteban » Sab Ene 13, 2007 5:19 pm

Pues creo que después de estos años de trabajo "salvaje", se va a regular el marco de actuación de este tipo de contratas. En los EEUU se está trabajando en una ley que defina sus cometidos, responsabilidades, etc..

Law Catches up to Private Militaries
Defense Tech | By P.W. Singer | January 04, 2007
Editor's note: Since the start of the Iraq war, tens of thousands of heavily-armed military contractors have been roaming the country -- without any law, or any court to control them. That may be about to change, Brookings Institution Senior Fellow P.W. Singernotes in a Defense Tech exclusive. Five words, slipped into a Pentagon budget bill, could make all the difference. With them, "contractors 'get out of jail free' cards may have been torn to shreds," he writes. They're now subject to the Uniform Code of Military Justice, the same set of laws that governs soldiers. But here's the catch: embedded reporters are now under those regulations, too.

Over the last few years, tales of private military contractors run amuck in Iraq -- from the CACI interrogators at Abu Ghraib to the Aegis company's Elvis-themed internet "trophy video" —- have continually popped up in the headlines. Unfortunately, when it came to actually doing something about these episodes of Outsourcing Gone Wild, Hollywood took more action than Washington. The TV series Law and Order punished fictional contractor crimes, while our courts ignored the actual ones. Leonardo Dicaprio acted in a movie featuring the private military industry, while our government enacted no actual policy on it. But those carefree days of military contractors romping across the hills and dales of the Iraqi countryside, without legal status or accountability, may be over. The Congress has struck back.

Amidst all the add-ins, pork spending, and excitement of the budget process, it has now come out that a tiny clause was slipped into the Pentagon's fiscal year 2007 budget legislation. The one sentence section (number 552 of a total 3510 sections) states that "Paragraph (10) of section 802(a) of title 10, United States Code (article 2(a) of the Uniform Code of Military Justice), is amended by striking `war' and inserting `declared war or a contingency operation'." The measure passed without much notice or any debate. And then, as they might sing on School House Rock, that bill became a law (P.L.109-364).

The addition of five little words to a massive US legal code that fills entire shelves at law libraries wouldn't normally matter for much. But with this change, contractors' 'get out of jail free' card may have been torn to shreds. Previously, contractors would only fall under the Uniform Code of Military Justice, better known as the court martial system, if Congress declared war. This is something that has not happened in over 65 years and out of sorts with the most likely operations in the 21st century. The result is that whenever our military officers came across episodes of suspected contractor crimes in missions like Bosnia, Kosovo, Iraq, or Afghanistan, they had no tools to resolve them. As long as Congress had not formally declared war, civilians -- even those working for the US armed forces, carrying out military missions in a conflict zone -- fell outside their jurisdiction. The military's relationship with the contractor was, well, merely contractual. At most, the local officer in charge could request to the employing firm that the individual be demoted or fired. If he thought a felony occurred, the officer might be able to report them on to civilian authorities.

Getting tattled on to the boss is certainly fine for some incidents. But, clearly, it's not how one deals with suspected crimes. And it's nowhere near the proper response to the amazing, awful stories that have made the headlines (the most recent being the contractors who sprung a former Iraqi government minister, imprisoned on corruption charges, from a Green Zone jail).

And for every story that has been deemed newsworthy, there are dozens that never see the spotlight. One US army officer recently told me of an incident he witnessed, where a contractor shot a young Iraqi who got too close to his vehicle while in line at the Green Zone entrance. The boy was waiting there to apply for a job. Not merely a tragedy, but one more nail in the coffin for any US effort at winning hearts and minds.

But when such incidents happen, officers like him have had no recourse other than to file reports that are supposed to be sent on either to the local government or the US Department of Justice, neither of which had traditionally done much. The local government is often failed or too weak to act - the very reason we are still in Iraq. And our Department of Justice has treated contractor crimes in a more Shakespearean than Hollywood way, as in Much Ado About Nothing. Last month, DOJ reported to Congress that it has sat on over 20 investigations of suspected contractor crimes without action in the last year.

The problem is not merely one of a lack of political will on the part of the Administration to deal with such crimes. Contractors have also fallen through a gap in the law. The roles and numbers of military contractors are far greater than in the past, but the legal system hasn't caught up. Even in situations when US civilian law could potentially have been applied to contractor crimes (through the Military Extraterritorial Jurisdiction Act), it wasn't. Underlying the previous laws like MEJA was the assumption that civilian prosecutors back in the US would be able to make determinations of what is proper and improper behavior in conflicts, go gather evidence, carry out depositions in the middle of warzones, and then be willing and able to prosecute them to juries back home. The reality is that no US Attorney likes to waste limited budgets on such messy, complex cases 9,000 miles outside their district, even if they were fortunate enough to have the evidence at hand. The only time MEJA has been successfully applied was against the wife of a soldier, who stabbed him during a domestic dispute at a US base in Turkey. Not one contractor of the entire military industry in Iraq has been charged with any crime over the last 3 and a half years, let alone prosecuted or punished. Given the raw numbers of contractors, let alone the incidents we know about, it boggles the mind.

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The situation perhaps hit its low-point this fall, when the Under Secretary of the Army testified to Congress that the Army had never authorized Halliburton or any of its subcontractors (essentially the entire industry) to carry weapons or guard convoys. He even denied the US had firms handling these jobs. Never mind the thousands of newspaper, magazine, and TV news stories about the industry. Never mind Google's 1,350,000 web mentions. Never mind the official report from U.S. Central Command that there were over 100,000 contractors in Iraq carrying out these and other military roles. In a sense, the Bush Administration was using a cop-out that all but the worst Hollywood script writers avoid. Just like the end of the TV series Dallas, Congress was somehow supposed to accept that the private military industry in Iraq and all that had happened with it was somehow 'just a dream.'

But Congress didn't bite, it now seems. With the addition of just five words in the law, contractors now can fall under the purview of the military justice system. This means that if contractors violate the rules of engagement in a warzone or commit crimes during a contingency operation like Iraq, they can now be court-martialed (as in, Corporate Warriors, meet A Few Good Men). On face value, this appears to be a step forward for realistic accountability. Military contractor conduct can now be checked by the military investigation and court system, which unlike civilian courts, is actually ready and able both to understand the peculiarities of life and work in a warzone and kick into action when things go wrong.

The amazing thing is that the change in the legal code is so succinct and easy to miss (one sentence in a 439-page bill, sandwiched between a discussion on timely notice of deployments and a section ordering that the next of kin of medal of honor winners get flags) that it has so far gone completely unnoticed in the few weeks since it became the law of the land. Not only has the media not yet reported on it. Neither have military officers or even the lobbyists paid by the military industry to stay on top of these things.

So what happens next? In all likelihood, many firms, who have so far thrived in the unregulated marketplace, will now lobby hard to try to strike down the change. We will perhaps even soon enjoy the sight of CEOs of military firms, preening about their loss of rights and how the new definition of warzone will keep them from rescuing kittens caught in trees.

But, ironically, the contractual nature of the military industry serves as an effective mechanism to prevent loss of rights. The legal change only applies to the section in the existing law dealing with those civilians "serving with or accompanying an armed force in the field," i.e. only those contractors on operations in conflict zones like Iraq or Afghanistan. It would apply not to the broader public in the US, not to local civilians, and not even to military contractors working in places where civilian law is stood up. Indeed, it even wouldn't apply to our foes, upholding recent rulings on the scope of military law and the detainees at Gitmo.

In many ways, the new law is the 21st century business version of the rights contract: If a private individual wants to travel to a warzone and do military jobs for profit, on behalf of the US government, then that individual agrees to fall under the same codes of law and consequence that American soldiers, in the same zones, doing the same sorts of jobs, have to live and work by. If a contractor doesn't agree to these regulations, that's fine, don't contract. Unlike soldiers, they are still civilians with no obligation to serve. The new regulation also seems to pass the fairness test. That is, a lance corporal or a specialist earns less than $20,000 a year for service in Iraq, while a contractor can earn upwards of $100,000-200,000 a year (tax free) for doing the same job and can quit whenever they want. It doesn't seem that unreasonable then to expect the contractor to abide by the same laws as their military counterpart while in the combat theatre. Given that the vast majority of private military employees are upstanding men and women -- and mostly former soldiers, to boot -- living under the new system will not mean much change at all. All it does is now give military investigators a way finally to stop the bad apples from filling the headlines and getting away free.

The change in the law is long overdue. But in being so brief, it needs clarity on exactly how it will be realized. For example, how will it be applied to ongoing contracts and operations? Given that the firm executives and their lobbyists back in DC have completely dropped the ball, someone ought to tell the contractors in Iraq that they can now be court martialed.

Likewise, the scope of the new law could made more clear; it could be either too limited or too wide, depending on the interpretation. While it is apparent that any military contractor working directly or indirectly for the US military falls under the change, it is unclear whether those doing similar jobs for other US government agencies in the same warzone would fall under it as well (recalling that the contractors at Abu Ghraib were technically employed by the US Department of Interior, sublet out to DOD).

On the opposite side, what about civilians who have agreed to be embedded, but not contracted? The Iraq war is the first that journalists could formally embed in units, so there is not much experience with its legal side in contingency operations. The lack of any legal precedent, combined with the new law, could mean that an overly aggressive
interpretation might now also include journalists who have embedded.

Given that journalists are not armed, not contracted (so not paid directly or indirectly from public monies) and most important, not there to serve the mission objectives, this would probably be too extensive an interpretation. It would also likely mean less embeds. But given the current lack of satisfaction with the embed program in the media, any effect here may be a tempest in a tea pot. As of Fall 2006, there were only nine embedded reporters in all of Iraq. Of the nine, four were from military media (three from Stars and Stripes, one from Armed Forces Network), two not even with US units (one Polish radio reporter with Polish troops, one Italian reporter with Italian troops), and one was an American writing a book. Moreover, we should remember that embeds already make a rights tradeoff when they agree to the military's reporting rules. That is, they have already given up some of their 1st Amendment protections (something at the heart of their professional ethic) in exchange for access, so agreeing to potentially fall under UCMJ when deployed may not be a deal breaker.

The ultimate point is that the change gives the military and the civilians courts a new tool to use in better managing and overseeing contractors, but leaves it to the Pentagon and DOJ to decide when and where to use it. Given their recent track record on legal issues in the context of Iraq and the war on terror, many won't be that reassured.

Congress is to be applauded for finally taking action to reign in the industry and aid military officers in their duties, but the job is not done. While there may be an inclination to let such questions of scope and implementation be figured out through test cases in the courts, our elected public representatives should request DoD to answer the questions above in a report to Congress. Moreover, while the change may help close one accountability loophole, in no way should it be read as a panacea for the rest of the private military industry's ills. The new Congress still has much to deal with when it comes to the still unregulated industry, including getting enough eyes and ears to actually oversee and manage our contracts effectively, create reporting structures, and forcing the Pentagon to develop better fiscal controls and market sanctions, to actually save money than spend it out.

A change of a few words in a legislative bill certainly isn't the stuff of a blockbuster movie. So don't expect to see Angelina Jolie starring in "Paragraph (10) of Section 802(a)" in a theatre near you anytime soon. But the legal changes in it are a sign that Congress is finally catching up to Hollywood on the private military industry. And that is the stuff of good governance.

-- P.W. Singer is Senior Fellow and Director of the 21st Century Defense Initiative at The Brookings Institution. He is the author of Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry (Cornell University Press) and the upcoming book Wired for War (Houghton Mifflin).

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Mensaje por Loopster » Sab Ene 13, 2007 5:33 pm

Esteban, en DefenseTech hay una serie de artículos sobre pros y contras de poner a las PMCs bajo la misma ley que a los militares estadounidenses, incluyendo una soberbia colección de réplicas de P.W. Singer a trolls y posers varios :wink:

Personalmente, estoy en contra de que los contratistas de empresas americanas (porque... ¿qué pasa con las inglesas y francesas?) caigan dentro del UCMJ, no son militares y no entiendo porque deben de tener las mismas obligaciones que aquellos que si lo son en una zona de guerra. ¿Se podrá arrestar a un Blackwater por que le toque las narices a un oficial?, ¿se detendrá a un convoy de comida protegido por Custer Battle porque no van correctamente uniformados?.

Esto es algo anterior a la victoria demócrata en las dos cámaras, aunque Nathan Hodge diga lo contrario, ya eran varias las firmas de seguros que ofrecían a los contratistas privados y a sus empresas primas de riesgo en caso de caer "en acto de servicio", exigiendo lo mismo que a sus equivalentes militares. De todas formas la legislación sobre las PMCs adolece de irreal, igual que la normativa y ROEs que tenían hasta ahora.

¿Cómo le dices a un tipo que solo puede disparar en defensa propia, de la persona/s a su cargo o de terceros indefensos... si su jornada habitual implica 6 horas de combate a sangre y fuego? En el campo de batalla sin retaguardia que es Irak, no hay una diferencia clara entre defenderse y atacar.
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Mensaje por Esteban » Sab Ene 13, 2007 7:46 pm

Creo que los tiros (y nunca mejor dicho) van por poner coto a la participación de los contratistas en operaciones militares, como en inteligencia, por ejemplo, donde las distintas compañías tienen sus propias redes de informantes (cosa lógica), pero donde llegan a aparecer como contratistas en la gestión de interrogatorios y de cosas de estas que hoy día les sitúa en un limbo legal al contrario que sus colegas de las FAS.

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Mensaje por Loopster » Sab Ene 13, 2007 9:26 pm

Como la gente de CACI... interrogadores en Abu Graib, y dos de ellos habían sido despedidos del sistema de prisiones estadounidense por violencia contra los presos :shock:

P.W.Singer se moría de ganas por ver esto, pero el IPOA ya está movilizando a toda su maquinaría propagandística para crear un nuevo limbo legal, esta vez puede que incluso dentro del UCMJ, y el mejor escenario para ello es un contrato de la ONU. ¿Somalia, Sudán?
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