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Tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que los miembros de la izquierda abertzale condenados por integración en ETA reconocen haber actuado de forma subordinada a la banda terrorista, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, niega que el acuerdo implique aceptar la teoría conocida como «todo es ETA», que la izquierda abertzale ha refutado durante años, aunque sí admite que, como en todo acuerdo, aceptar el texto de la Fiscalía implica «pequeñas contradicciones».

El acuerdo, que cuenta con el beneplácito de las acusaciones representadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Digindad y Justicia, supone que los acusados admitan todos los hechos imputados en los escritos de acusación de la Fiscalía y las acusaciones, incluido un compromiso a la renuncia de cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, así como el compromiso para que se contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.

En una lectura política del acuerdo, el portavoz de Sortu negó que el pacto «entre en contradicción» con la estrategia que ha mantenido la izquierda abertzale en las últimas décadas, aunque admitió que su contenido les «causa relativas contradicciones pequeñas». Dichas contradicciones se refieren al escrito que ha presentado el Ministerio Fiscal para llegar a un acuerdo en el que, a juicio de Sortu, «no se refleja ni el vocabulario ni la concepción sobre el tema que tiene la izquierda abertzale desde una perspectiva política», aunque, pese a ello, lo consideraron «suficiente».

En su comparecencia insistió en que «frente al concepto de ilegalidad» y la «tipificación penal» que esgrime el fiscal, la izquierda abertzale defiende que la actividad desarrollada ha sido «legítima» ya que estaba «encaminada a la consecución de un escenario de paz y de ausencia de violencia».
Barrena deseó que el acuerdo sirva de «modelo» para solucionar cuestiones pendientes, como la modificación de la política penitenciaria, y reconoció el «esfuerzo» realizado por la Fiscalía y por la acusación particular.
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La Audiencia Nacional ha condenado a 92 años de cárcel al ex dirigente etarra Eneko Gogeaskoetxea por matar a un ertzaina que frustró el atentado que tenía encargado de cometer contra el Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha considerado a Gogeaskoetxea culpable de un delito contra la Corona, otro de falsificación en documento oficial, un homicidio, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de arma corta y coacciones y ordena que pague una indemnización de 500.000 euros.
Los magistrados Concepción Espejel, Julio de Diego y Enrique López consideran probado que Gogeaskoetxea formaba parte del comando 'Katu' cuando recibió la instrucción de la dirección etarra de matar al monarca, un encargo que el acusado "aceptó" y para lo que preparó la detonación de tres grandes jardineras con el fin de lanzarlas a las escaleras de acceso de la entrada principal del museo.
El comando, que constituía junto con el ya condenado Kepa Arronategui, fue sorprendido por dos agentes de la Ertzaintza que vigilaban el perímetro del Guggenheim. El acusado disparó en dos ocasiones a uno de los agentes, que falleció en el acto, tras lo cual los etarras huyeron en un vehículo tras amenazar a punta de pistola a su conductora.


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