El Gobierno exigirá a los concejales radicales un rechazo «público» a ETA
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El Gobierno juega fuerte. El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un conjunto de reformas de la ley electoral que aspira a cerrar todos los caminos de acceso a las instituciones a la izquierda abertzale que no se desmarca da la violencia. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fueron los encargados de presentar la iniciativa, cuyo único objetivo es lanzarle un ultimátum al entorno de ETA.
El ministro aclaró que los cambios legales quieren ser «un mensaje nítido y firme» al brazo político de la organización terrorista. «Sólo tienen dos opciones: O rompen drásticamente con ETA o convencen a la banda para que deje la violencia». En caso contrario, no volverán ni a los ayuntamientos ni a los parlamentos, aseguró Pérez Rubalcaba. «O bombas o votos», sentenció una vez más el ministro, en lo que ya ha convertido en su eslogan de legislatura.
No habrá más casos como el de EHAK en el Parlamento de Vitoria, o como el de ANV, 42 de cuyos cabezas de lista todavía gobiernan otros tantos municipios en el País Vasco y Navarra. El período de impugnación de las candidaturas sospechosas se extenderá a la campaña electoral para poder desactivar las 'listas blancas' o partidos-tapadera cuando reciban el imprescindible apoyo de Batasuna antes de los comicios. Y, como llave de seguridad del sistema, los concejales y parlamentarios que pasen el filtro electoral, pero se compruebe a posteriori que pertenecen a formaciones vinculadas a ETA, serán expulsados de la institución salvo que condenen de forma «expresa e indubitada» a la banda.
La vicepresidenta primera machacó sobre el mismo clavo. El objetivo de la reforma es que «los que apoyan a los violentos no puedan sentarse nunca más en los escaños que la democracia reserva a quienes cumplen con la ley» y para ello se va a blindar la ley, con el fin de que Batasuna no encuentre, como en ocasiones precedentes, «recovecos, artimañas ni escondites» por los que colarse en las instituciones. «Para hacer política sólo hay un camino: el cumplimiento de las normas; no hay atajos, la violencia no cabe de ninguna forma».
Para quienes acusen a la reforma de perseguir las ideas políticas, el ministro del Interior recordó el aval que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio a la ley de partidos y aseguró que todo el que quiera concurrir a las elecciones para reclamar la independencia de Euskadi es libre de hacerlo, «pero lo que no podrá es defender esa idea con las pistolas».
El informe aprobado ayer por el Consejo de Ministros será remitido a la subcomisión del Congreso que elabora una proposición de ley para la reforma de distintos aspectos de la ley electoral, que estará en vigor antes de los próximos comicios municipales de 2011. Su inclusión en la legislación no parece problemática porque cuenta con el apoyo del PP.
Los cuatro cambios
La reforma modifica cuatro aspectos de la norma. En primer lugar deja constancia de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado podrán impugnar cualquier lista de agrupaciones herederas de Batasuna, pero también de candidaturas de partidos legales, federaciones o coaliciones. Esta interpretación, ya autorizada por los tribunales para ANV, serviría para cuestionar a Eusko Alkartasuna si en el futuro decide dar cobijo en sus listas a candidatos vinculados a ETA.
El segundo aspecto es la ampliación del plazo de impugnación de listas. Ahora era dos días después de la proclamación de candidaturas y la última sentencia judicial tenía como límite el inicio de la campaña; con la reforma se podrá recurrir hasta ocho días después de iniciada la campaña y la resolución final saldrá antes de la jornada de reflexión. No quieren que partidos limpios como Iniciativa Internacionalista, que concurrió a las elecciones europeas, pase los filtros y luego reciba el apoyo de Batasuna en campaña.
El tercero. Si un concejal y parlamentario es elegido por la lista de un partido ilegalizado tras las elecciones por apoyar a ETA incurrirá en una «incompatibilidad sobrevenida». Una vez dictada la sentencia firme de ilegalización, se le comunicará que tiene 15 días naturales para dejar el cargo o para «formular una declaración expresa e indubitada» de condena del terrorismo, que será «pública, notoria y fehaciente». Lo mismo le ocurrirá a quien pretenda sustituirle.
La última modificación busca terminar con una situación que tiene sin gobierno local a 26 municipios del País Vasco y Navarra, donde las corporaciones no tienen el número de concejales suficientes para reunirlas porque han dimitido y, por efecto de la violencia terrorista, nadie quiere sustituirles. En estos casos, las diputaciones forales se podrán hacer cargo de forma excepcional de la gestión municipal.